Pruebas ponen a Boudou entre la espada y la pared por corrupción

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Una nota oficial lo comprobó: el vicepresidente argentino Amado Boudou intercedió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que no quebrara una empresa. Dicha firma ahora está en manos de su presunto testaferro.

La carta publicada textualmente por el diario Clarín está dirigida al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y sin lugar a otras interpretaciones recomienda "la continuación" de la exCiccone Calcográfica por las "fuentes de trabajo generadas (…) y su importancia estratégica". Solicitó así que se levante la quiebra en la que había caído debido a deudas millonarias, tras lo que la empresa fue rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana y elegida luego por el gobierno argentino para imprimir 500 millones de billetes de 100 pesos argentinos a un costo de US$ 50 millones, operación que no se concretó.

La divulgación de esta nota generó que Boudou, quien el miércoles pasado (en varias entrevistas) había salido a desmentir las acusaciones en su contra, debiera desdecirse. "En toda mi gestión he trabajado muy fuerte para que las empresas puedan sostener el empleo y puedan seguir funcionando y, por sobre todo, preservar los puestos de trabajo. Repito: solo hay una sola nota (que envié) en un trámite que tiene expediente judicial de quiebra en la Cámara Federal, en la Cámara Comercial. Esto es un disparate. Creo que el eje es otro", dijo el vicepresidente en nuevas declaraciones al diario Página 12.

LA CAUSA. El "Caso exCiccone Calcográfica" tomó estado público con el regreso radial del periodista Jorge Lanata, donde la esposa del actual director de la empresa, rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana, Alejandro Vandenbroele, lo señaló como "testaferro de Boudou" y agregó que su marido conocía al vicepresidente argentino desde la juventud y junto a José María Núñez Carmona participó de la toma de control de la plata impresora de papeles de alta seguridad en 2010, cuando el ahora vicepresidente era ministro de Economía. "Mi marido le lleva a Boudou la parte de los negocios que no son tan claros", dijo.

Su quiebra se decretó en agosto de 2010 por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos y por orden de la Justicia argentina quedó a cargo de Boldt, un conglomerado de empresas dedicado a la impresión, la tecnología y los entretenimientos. Sin embargo, luego The Old Funs S.A. se apoderó y rebautizó la empresa que está a nombre de Vandenbroele -quien a pesar de eso aparece como un monotributista (autónomo) que cobra 15.000 pesos argentinos (unos US$ 2.650) al año y negó cualquier tipo de relación con el vicepresidente- aunque el real gestor y operador de la adquisición sería Núñez Carmona, un emisario de Boudou.

"Es un caso complicado de explicar porque se trataría de una red de participación extensísima y clasificable en prestanombres, que constituyeron las sociedades pero no ejercen sus puestos; financistas, que pusieron el dinero para su armado; y funcionarios públicos que colaboraron para facilitar la concreción de negocios", señaló a El País el abogado Ricardo Monner Sans, quien preside la Asociación Civil Anticorrupción que solicitó se promueva la investigación sobre las públicas acusaciones al vicepresidente argentino dentro de la Procuración General de la Nación (PNG), hecho que fue respaldado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y cuyo reenvío por parte de la PNG derivó en la apertura de la causa judicial.

La causa está a cargo del juez argentino Daniel Rafecas y fue delegada al Fiscal Federal Carlos Rívolo e investiga si se cometieron los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario y lavado de dinero, para los que la ley argentina prevé penas de entre uno y seis años de presión, un mes y dos años de prisión, y de tres a diez años de prisión y multas de dos a diez veces el monto de la operación, respectivamente.

De hecho, la Justicia argentina ya tomó declaración a Laura Muñoz, quien está tramitando su divorcio, en la provincia de Mendoza -donde está domiciliada- y en dicha oportunidad entregó un cuaderno que Vandenbroele habría olvidado en su casa y de cuyas anotaciones manuscritas -pero codificadas- podrían surgir indicios útiles al caso. Asimismo, su todavía marido se presentó espontáneamente en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de ser recibido por el fiscal Rívolo quien no lo atendió y por lo que el director de la ExCiccone firmó un acta para dejar asentada su visita y mostrar que se pondría a disposición.

"En mis 54 años de vida profesional me he encontrado con despechados o despechadas mentirosas y con despechados y despechadas que a pesar de ello dicen la verdad. La realidad es que la voz de ella fue un disparador y pasa a un segundo plano en tanto avanza la investigación y antes de ella se supo que la empresa hizo las boletas del oficialista Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales", dijo el abogado especialista en casos de corrupción quien, a pesar de aportar pruebas, no tiene acceso al expediente de la causa ya que el artículo 204 del Código Procesal Penal no permite que sea querellante alguien que no se ve afectado directamente.

A su vez, sobre las versiones de que la causa podría "caerse" debido a que Muñoz está inhibida de declarar contra su marido ya que se encuentra en juicio de divorcio y a que la madre de Laura Muñoz, Azniv Tokatlián, desestimó las declaraciones de su hija señalando que esta posee un desequilibrio emocional, señaló que debido a su intervención -por la que la Justicia argentina actuó de oficio e inició el proceso- "la causa no debería caerse".

PRUEBA DOCUMENTAL. Para el abogado especialista en casos de corrupción, un indicio más del rol de Boudou para favorecer a la exCiccone sería el que en la Argentina aún no haya billetes de 200 pesos argentinos. "Se están necesitando. ¿Por qué no se imprimen? Una respuesta superficial sería para no reconocer que hay inflación; pero otro tema es con los billetes de 200: hay que hacer la mitad que con los de 100 y la factura a cobrar es más chica", dijo y agregó que la salida del Banco Central argentino de Benigno Vélez, hombre de Boudou en ese organismo público que habría recomendado a la empresa para imprimir los billetes de 100 pesos fue "una variable de ajuste" y la "primera derrota" del vicepresidente en este tema.

"La nota publicada por Clarín es, a mi manera de ver, una prueba catapultante, es la mayor de las pruebas posibles porque es de tipo documental, por la que se demuestra la injerencia propia del vicepresidente en el trámite pedigüeño a la AFIP para darle preferencia a todo esto", señaló a El País Monner Sans, quien también promovió la causa contra el expresidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Agregó que "no hay forma de justificar ese pedido" y a su entender "la contradicción en las últimas declaraciones de Boudou llevarían a un agravamiento de su situación". "Es una entidad privada y es un tráfico de influencias hacer esto y pensando más allá del Derecho diría de la sensación de impunidad absoluta que tienen algunos funcionarios porque dejan casi con ingenuidad la prueba por escrito. Si bien puede ser indagado el juez no puede imponerle ninguna pena, para eso tiene que ser sometido a un juicio político (ver aparte), por lo que si resiste, la suerte de la causa respecto a Boudou es ninguna en el sentido de que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y es impensable que prospere. A salvo que la explosión de nuevas pruebas sea tan irrefutable que haya un juzgamiento propio de la presidenta diciendo: `No me conviene que sigas al lado mío` y le pida la renuncia".

BUENOS AIRES | El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no son los únicos funcionarios de primera línea del gobierno "K" salpicados por supuestas maniobras para tomar el control de la exCiccone. Antes de que Alejandro Vandenbroele con su opaco The Old Fund llegara a la compañía, la Secretaría de Comercio, a cargo de Guillermo Moreno, activó una serie de medidas que forzaron a Boldt, la otra interesada en el negocio, a apartarse.

Es una estrategia conocida: declaración de "abuso de posición dominante" (una acusación similar a la de "monopolio"), multas multimillonarias diarias, bloqueo de negocios y presiones ante la Justicia. El relato surge de una carta firmada por Antonio Eduardo Tabanelli, vicepresidente de Boldt, dirigida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En la misiva, Boldt informó que tras presentar ante la Justicia la mejor oferta en el expediente de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA, la empresa alquiló la planta donde funcionaba la imprenta. Poco días después, la Secretaría de Comercio consideró que Boldt ejercía "abuso de posición dominante" e intimó a la firma a dejar la planta bajo apercibimiento de una multa diaria.

"(...) La Secretaría de Comercio, de resultas de una presentación que hicimos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en cumplimiento de una exigencia estipulada en su momento por la resolución del juzgado que nos concedió la locación de la planta), sin que mediara sustanciación alguna, consideró que nuestra gestión configuraba un supuesto `abuso de posición dominante`, y nos intimó a dejar la planta, bajo apercibimiento de aplicarnos una multa diaria, durante todo el tiempo que permaneciéramos en el lugar sin su aprobación".

Tras la intervención de Moreno, Boudou intervino ante la AFIP para levantar la quiebra de la exCiccone. la Nación/GDA