Amplían lista para declarar bienes

Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, también conocida como Junta Anticorrupción, acordaron ayer con legisladores de todos los partidos, en una comisión especial de la Cámara de Representantes, elevar a ley una resolución interna, por la cual todos los directores de empresas que tengan algún origen o participación del Estado deban cumplir con la presentación de declaraciones juradas de sus bienes.

Se trata de empresas que se manejan bajo el derecho privado pero pertenecen al Estado o a un ente público (por ejemplo Ducsa, que en 2010 facturó US$ 13,5 millones, entre otras), o las denominadas personas públicas no estatales (LATU, INAC, Uruguay XXI, entre otras).

La modificación surge a partir de un proyecto redactado por el diputado blanco Jorge Gandini (Alianza Nacional). El legislador informó a El País que la conclusión de ayer en la comisión especial del Parlamento consiste en elevar a ley la resolución de la Junta para que tenga "más firmeza" como el resto de las obligaciones -que alcanzan al presidente de la República y los ministros de Estado-, y que así el mandato del organismo no tenga "ningún tipo de vulnerabilidad".

La ley 17.060 de diciembre de 1998 estableció la obligación de presentar declaración jurada de bienes al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, senadores, diputados e intendentes municipales. Ahora, la resolución que extiende la lista a decenas de funcionarios, será elevada a ley, según el acuerdo entre partidos y la Junta.