S.A. que coticen en una Bolsa no deberán informar a accionistas

1/1

Economía presentó a los partidos políticos un nuevo proyecto de identificación de titulares de acciones al portador. Prevé que la Auditoría Interna sea quien lleve el registro y que las sociedades que coticen en Bolsa no estén obligadas a informar.

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, planteó que sea el Banco Central el depositario del registro de identificación de titulares de acciones al portador y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo a El País que "es atendible" esa modificación.

Lorenzo y asesores se reunieron ayer durante una hora y media con referentes de los partidos políticos. Por el Partido Nacional estuvo (además de Larrañaga) el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, por el Partido Independiente, Pablo Mieres y el diputado Iván Posada y por el Frente Amplio los diputados Alfredo Asti y Héctor Tajam.

Según relataron participantes del cónclave a El País, Lorenzo comenzó la reunión haciendo una autocrítica con el primer proyecto de identificación de accionistas al portador presentado al Parlamento el 28 de diciembre pasado.

Las fuentes indicaron que el ministro señaló que en ese texto se había intentado contemplar dos situaciones distintas: la identificación para cumplir con las exigencias de la OCDE y por otro lado con normativas de lavado de activo. Al buscar esa solución para las dos "se perdió" el "objetivo" que era cumplir con los requisitos de la OCDE para pasar a la fase II del proceso de revisión entre pares sobre transparencia fiscal, afirmó el ministro.

En 2011, Uruguay no superó el proceso básicamente por no poder identificar a los accionistas al portador y por no tener acuerdos de intercambio de información tributaria con socios relevantes como Argentina y Brasil.

Lorenzo presentó un anteproyecto de ley para identificar a los titulares de acciones al portador. Si bien el Poder Ejecutivo había enviado uno con el mismo fin al Parlamento el 28 de diciembre pasado, el mismo fue retirado luego de fuertes críticas de parte de estudios jurídicos que entendían que iba más allá de lo exigido por la OCDE.

El nuevo anteproyecto -al que accedió El País- tiene varios cambios respecto al anterior. Tras la reunión, Lorenzo dijo que es "garantista" y "asegura que podemos cooperar internacionalmente pero al mismo tiempo mantener el régimen de acciones al portador que no entendemos que sean las circunstancias propicias para un cambio del mismo". Ya no es la Dirección General Impositiva (DGI) la que recibirá las declaraciones juradas de parte de las entidades que tienen acciones al portador y a la que sus titulares les remiten información, sino la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Larrañaga planteó que "el registro debería estar en el BCU porque tiene más garantías de reserva y donde también se pueda manejar lo que tiene que ver con normas similares al secreto bancario". El resto de los representantes de la oposición compartió la propuesta y Lorenzo dijo a El País que "es atendible".

En el nuevo texto desaparece la necesidad de identificar al "beneficiario final" de las acciones, lo que a juicio de los estudios jurídicos era engorroso, aunque se debe identificar si existe un tenedor, custodio o mandatario que ejerza poderes de representación.

La DGI podrá acceder a los datos solo en actuaciones inspectivas y en el caso de fiscos extranjeros de solicitudes expresas y fundadas, cuando el anterior proyecto no establecía restricciones.

Además las entidades que coticen en la Bolsa local o en internacionales "de reconocido prestigio" estarán excluidas de presentar la información (ver claves aparte). El proyecto anterior no preveía esto y era una de las mayores críticas.

Los representantes de la oposición manifestaron su acuerdo en líneas generales con los cambios, aunque quedaron en estudiar el texto para proponer alternativas en algunos puntos, dijo Bordaberry. "Los cambios son claramente favorables" y se abrió un período de dos semanas para presentar las sugerencias, señaló Posada.

El ministro descartó que el proyecto haga retraer inversiones. "Cada vez que se introduce un cambio jurídico lo hacemos con el propósito de fortalecer el clima de inversión, de mejorarlo. Dista mucho que el efecto esperado que nosotros podemos concebir sea un efecto contractivo, todo lo contrario", afirmó.

INTEGRAR OCDE Y ACUERDOS. En el encuentro, Lorenzo comentó los pasos que se han dado con Argentina y Brasil en la negociación de acuerdos de intercambio de datos tributarios. Con Brasil se utilizará el formato OCDE, es decir será un convenio para evitar la doble tributación que incluya el intercambio de datos. Con Argentina será un convenio de intercambio de datos con particularidades.

En ese sentido, Lorenzo aseguró que se cumplirá lo comprometido ante el Parlamento que es que no se puedan pedir "datos al barrer" sino concretos y fundados, que no tenga carácter retroactivo, que incluya mecanismos para evitar la doble tributación y que los inspectores de un país no puedan fiscalizar en el otro.

Por otro lado, se hizo una referencia a la idea lanzada por el canciller, Luis Almagro, respecto a discutir que Uruguay pida ser miembro de la OCDE. Según las fuentes, Lorenzo dijo que "tácticamente" era un "error" discutirlo ahora en medio de este proceso, pero que una vez que se supere habría que discutirlo.

La Auditoría Interna de la Nación será la depositaria de los datos y no la Dirección General Impositiva como se preveía hasta el momento. De todas maneras y a sugerencia de la oposición se pondría al Banco Central como el depositario de la información. El proyecto prevé sanciones a funcionarios que violen la reserva de datos: tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La AIN informará de los datos a la DGI siempre que se solicite "una vez iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" de un Estado extranjero "exclusivamente" en el marco de convenios de intercambio de información o para evitar la doble tributación vigentes. En el desarrollo de "tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos", la AIN podrá informar al BCU y a la Secretaría Antilavado.

La AIN informará a la DGI y al BCU los incumplimientos correspondientes a las declaraciones juradas que deben presentar las entidades emisoras. Se faculta al Poder Ejecutivo "a publicar la nómina de los sujetos y entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento" se establece.

"No estarán obligadas" a presentar datos, las entidades que "hayan emitido sus acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas Internacionales de reconocido prestigio" o de otras formas "de oferta pública". Eso se dará "siempre" que los títulos "coticen regularmente y estén a disposición inmediata para su venta o adquisición", según lo que establezca la reglamentación.

Si la entidad cambia sus acciones al portador por nominativas podrá solicitar la exclusión del registro "en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo".

Los que compren títulos de participación "deberán requerir" al vendedor "prueba fehaciente de que ha cumplido con la obligación de registro de sus datos identificatorios en la AIN". Si se incumple con ello, el comprador tendrá "responsabilidad solidaria" frente a "las sanciones que le corresponderían" vendedor.