Ministerio del Interior no logra cubrir vacantes de custodia carcelaria

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La competencia del mercado laboral y el bajo nivel de desempleo impiden al gobierno encontrar personal idóneo para cubrir vacantes en el sistema carcelario. Para revertirlo, piensa acelerar los llamados y analiza flexibilizar las condiciones.

El Ministerio del Interior no ha logrado cubrir las vacantes de operadores penitenciarios requeridos en los llamados a concurso desde noviembre de 2010, cuando obtuvo con la ley de Presupuesto 1.129 nuevos puestos. Ello ocurre aunque los requisitos van desde Primaria completa, Secundaria y, para los niveles superiores, terciaria. El mercado laboral con permanente oferta y un desempleo en niveles históricos bajos contribuyen al fenómeno, según entienden en la cartera.

Para comenzar a revertirlo, Interior pretende "acelerar" el "ritmo" de los llamados en 2012, anunció a El País la asesora en temas carcelarios del ministro Eduardo Bonomi, Gabriela Fulco.

"Vamos a ocupar todos los cargos porque además es el recambio del escalafón policial por el civil. Está el proyecto de cambiar la policía vieja gradualmente por más personal civil, para que las cárceles estén administradas por civiles", comentó la funcionaria. La intención es terminar el proceso antes de 2013.

En el primer llamado en la zona metropolitana, Interior solicitó 400 operadores penitenciarios de nivel 1, 135 del nivel 3 y 15 supervisores. Para el primer nivel se inscribieron 617 aspirantes pero se adjudicaron 300, por lo que hay 100 vacantes. Los inscriptos para el nivel 3 no alcanzaron ni siquiera para cubrir la demanda, ya que se presentaron 103.

El mismo panorama se repite en el interior del país. Tanto en Rivera como en Maldonado las vacantes no fueron cubiertas. Según relató ayer a El País una fuente de la secretaría de Estado en el departamento del norte, se presentaron 700 personas para 80 cargos, y ni así pudieron seleccionar los necesarios. En el caso de Maldonado, el proceso está en marcha para cubrir 108 cargos, pero los funcionarios que participan del proceso no son optimistas y se preparan para poder llenar "muy pocas" vacantes.

"En estos llamados cuando la gente se presenta, algunos ni siquiera cumplen con requisitos. O le faltan documentos, o hay mil situaciones que no permiten cubrir cargos: o en el estudio de la carpeta se descarta, o pasa a la tercera prueba, obtienen su puntaje, pasan al estudio psicológico con una empresa externa, y viene con puntaje negativo. Entonces si no pierden una quizá pierden la segunda. Si pasa de esas etapas van a un tribunal, que es la final, en la cual culmina con entrevista, que tiene otro puntaje. Se pasa raya y hay gente que llega y otra que no", explicó la asesora Fulco.

Otra situación registrada es la deserción. "Lo que ha pasado es que algunos que no colmaron sus expectativas pidieron la cesantía (la baja) ellos mismos", explicó a El País el coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra. A juicio del jerarca, el no llenar vacantes responde también a la difusión de los llamados. "No se hizo una campaña de captación. Por ahí falló la cosa", estimó Pereira Cuadra.

El tema también se incluye en la respuesta a un pedido de informes de Interior al senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay), quien consultó por la selección de personal penitenciario a partir del caso de una funcionaria policial que fue procesada con prisión por robar en un supermercado pero, sin embargo, logró cumplir el ingreso. En los informes a Solari, además, se informa que la Suprema Corte de Justicia otorgó la libertad a la implicada.

Los operadores seleccionados deben tener entre 18 y 45 años y reciben capacitación.

La remuneración para el grado 1 es de $ 15.120 nominales, más $ 800 de una partida prevento-represiva y otra de casi $ 600 por presentismo. El nivel 3 recibe $ 18.900 nominales y las dos partidas, en tanto que los supervisores penitenciarios tienen un salario nominal de $ 26.250 más las dos partidas adicionales.

El ministro Bonomi encargó a su asesora Fulco "contar" cuántas plazas "reales" existen en las cárceles del Uruguay para tener certeza de las necesidades. A menudo en lugares pensados para tres o cuatro reclusos conviven 15 o 20, producto del hacinamiento.