Suprema Corte de Justicia perdió juicio laboral por US$ 5 millones

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En una situación poco usual, un juez condenó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a reliquidar haberes de casi 3.000 funcionarios judiciales que reclamaron el pago de un aumento salarial entre los meses de enero a marzo de 2011.

La sentencia de primera instancia, que fue dictada ayer por el juez civil Alejandro Recarey (que puede ser apelada por la SCJ), implicaría el pago por parte del Poder Judicial de unos $ 100 millones, lo que equivale a US$ 5 millones, según explicó a El País el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Raúl Vázquez.

Cada funcionario debió cobrar un incremento de 26% en enero, febrero y marzo del año pasado y un 12% en abril. Según Vázquez, el dinero a cobrar por cada trabajador variará en función del escalafón al que pertenezca, pero señaló que quienes se desempeñan en el grado administrativo más bajo recibirían unos $ 20.000.

La gremial impulsó el reclamo junto con la Asociación de Actuarios (que entre ambas nuclean al 90% de los trabajadores judiciales), por lo que entre quienes ganaron el juicio se encuentran funcionarios de casi todos los grados del Poder Judicial, salvo los jueces y los defensores de oficio, dijo Vázquez.

DISCUSIÓN. Los funcionarios reclamaron a la SCJ el pago de un porcentaje que, según alegan, les corresponde de la equiparación salarial que cobraron los magistrados, en función de lo que previó un artículo de la última ley de Presupuesto.

El argumento de los funcionarios es que al no recibir el aumento se viola una norma que estableció un "enganche" porcentual entre el salario de los funcionarios y del subdirector general de Servicios Administrativos del Poder Judicial.

La Corporación pagó el aumento solamente en marzo de 2011, ya que luego de una polémica con el Poder Ejecutivo, el Parlamento aprobó una ley interpretativa que dejó sin efecto los aumentos.

Pero el juez Recarey, tras analizar los alegatos de las partes (ya que no se pidió la realización de pruebas sino que el asunto se definió interpretando los textos legales) le dio la razón a los funcionarios y ordenó a la SCJ reliquidar los salarios reclamados computando reajustes e intereses en cada caso.

El magistrado estableció que sea la SCJ la que reliquide los sueldos y no los funcionarios, porque estos "carecen de medios técnicos y de prueba" para llevar a cabo esa tarea.