Más agilidad para echar funcionarios

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El gobierno de Mujica está decidido a acelerar el proceso de destitución de empleados públicos. COFE mantiene diferencias "sustanciales" con el Poder Ejecutivo, que piensa pasar la discusión al Parlamento para diseñar el nuevo estatuto.

Si el borrador del proyecto de Estatuto de Funcionario público de la Administración Central elaborado por el gobierno fuera ley, mañana y pasado en la Torre Ejecutiva y en las oficinas de los ministerios, el trabajo sería normal los funcionarios marcarían tarjeta como siempre y los teléfonos serían contestados. Como ello no ocurrió aún, mañana y pasado las oficinas de toda la Administración Central estarán cerradas por el feriado (laborable) de Carnaval.

El proyecto que es motivo de discusión entre el sindicato de trabajadores públicos (COFE) y el gobierno, establece que los feriados laborables deberán ser "trabajados". Indica que los feriados no laborables y pagos son el 1° de enero, el 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre, en tanto que de lunes a jueves de la Semana Santa las oficinas deberán funcionar con atención al público.

Hasta la semana pasada hubo dos encuentros entre COFE y el Poder Ejecutivo para negociar la redacción del nuevo Estatuto, pero las diferencias son "sustanciales", aseguró a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López.

Con el estatuto del servidor público (como lo llaman en el gobierno) el Poder Ejecutivo busca "uniformizar" las normas para el manejo de los funcionarios, y en particular apuntar las baterías a facilitar la destitución de quienes no cumplen con su tarea. Una fuente del Poder Ejecutivo involucrada en el asunto explicó a El País que no está prevista una modificación en las tres razones que pueden determinar la separación del cargo: ineptitud, omisión o delito. La idea es que antes de finalizado el período de gobierno queden instaladas una serie de normas que hagan más ágil el procedimiento. Buscan que se mantengan los actuales niveles de garantías legales en un marco de mayor dinamismo. Se manejan como ejemplo varios casos relacionados con la Administración Central, uno de ellos es el de una alta funcionaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuya desafección llevó tres años a pesar de que la administración tenía todas las pruebas en su contra. El mismo jerarca aseguró que el proyecto de estatuto tendrá algunas modificaciones tras las devoluciones que hizo COFE. Sin embargo, mantendrá sus lineamientos originales con referencia a la obligatoriedad de cumplir con ocho horas de trabajo y la reducción de los feriados para los que ingresen tras la aprobación del estatuto.

Sobre el punto, el secretario general del sindicato de los públicos aseguró estar dispuesto a negociar porque COFE no "rehuye" a ninguno de los temas planteados.

El Poder Ejecutivo dedicó el capítulo XI del proyecto para detallar el proceso de "desvinculación del funcionario público". Mantiene las tres causas de ineptitud, omisión o delito para destituir, pero incluye un plazo de 30 días para que una comisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se expida, y luego la Presidencia, actuando en Consejo de Ministros, resuelva sobre la destitución, para lo cual tendrá máximo 90 días más.

El avance para enviar el texto al Parlamento se estancó en la definición sobre qué es un funcionario público. Mientras el gobierno pretende incluir solo a los presupuestados, el sindicato tiene la intención de abarcar a todos los que cumplen tareas permanentes con la función pública, sean estos contratados o becarios.

En la práctica ello implica una diferencia importante de personas a ponderar en el nuevo estatuto, ya que de los 274.000 vínculos laborales que hay en el Estado, 15.100 no son presupuestados.

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo ayer a El País que la reforma planteada es la propuesta "más integral de los últimos 40 años", ya que desde 1943 los únicos cambios fueron introducidos en rendiciones de cuenta al Texto Ordenado de normas sobre el Funcionario Público (Tofup). El funcionario defendió la postura del gobierno para contemplar en la definición de servidor público a los funcionarios presupuestados, porque lo contrario sería "además de incorrecto, ineficiente".

¿Hasta dónde está dispuesto ir cada parte? La negociación pasará en abril al Parlamento y el gobierno quiere tener vigente el estatuto antes que termine el actual período.

El viernes, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta, reconoció diferencias pero dijo ser "optimista" en que este año la negociación con los trabajadores del sector público irá "paulatinamente mejorando", en buena medida en función de la "experiencia que se va adquiriendo".

Hasta ahora Mujica aprobó dos medidas en el marco de su reforma del Estado: la ventanilla única para el ingreso a la función pública y el decreto que establece un régimen mínimo de seis horas en la Administración Central, según el régimen de la repartición pública, disposición mantenida incluso luego de un fallo judicial antepuesto por los empleados.

El sindicato de los públicos quiere eludir la discusión de cada artículo del proyecto de estatuto. Propuso al gobierno hacerlo en cuatro líneas, que agrupen la definición del funcionario público, los aspectos vinculados a la libertad sindical, las condiciones de trabajo y la carrera administrativa. Para todo eso aseguran tener propuestas y dicen haber recogido del gobierno disposición a negociar, pero todavía ninguna señal de apertura.

"El Poder Ejecutivo tiene una visión restringida, donde se plantea que el funcionario público es sólo aquel que es presupuestado de la administración central, y nosotros tenemos una visión más amplia en ese sentido", comentó López.

A las reuniones de negociación con la OPP, Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas asisten tres delegados de COFE, un asesor legal del Pit-Cnt y el responsable del Departamento de Trabajadores Públicos de la central sindical, Ricardo Cajigas. Es por ello que el planteo de los públicos es acompañado por el Pit-Cnt, que mantiene una postura "irrenunciable".

"Si se aplica lo que plantea el gobierno hoy, se eliminan miles y miles de cargos públicos, también se elimina la función pública. ¿Quiere decir que el planteo del gobierno es que de ahora en adelante todos los trabajadores nos rijamos bajo un mismo derecho y seamos todos trabajadores privados?", se preguntó Cajigas en diálogo con El País.