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LA COLUMNA DE PEPE PREGUNTÓN
El desborde sindical no se detiene. Por el contrario, los gremios no hacen sino ganar más y más terreno. La ofensiva, que comenzó en 2005 con el advenimiento del FA al poder, parece imparable. La lucha -que según el caso toma forma de paros, huelgas, ocupaciones o piquetes- no conoce de pausas. Cada metro ganado representa no sólo una conquista, sino también un derecho adquirido que ya nadie podrá siquiera animarse a poner en tela de juicio en el futuro.
No hay límites. Basta con que la patronal no acepte la totalidad de una plataforma sindical para que el gremio de turno se pinte la cara y vaya a la guerra. Tampoco importa demasiado a quién o a quiénes se toma de rehenes. Para los sindicatos uruguayos está claro, hace rato, que el fin justifica los medios. Si usted se queda a pie porque no hay transporte, problema suyo. Si usted no puede sacar dinero del cajero porque AEBU decide que no se cargan, usted se arregla. Si su avión sale tarde porque un sindicato no acepta que se inicie un sumario a un empleado que es dirigente gremial, usted es el que llegará tarde. Es así. Es fácil.
Desde el sector privado la advertencia se hizo en su debido momento. La reacción oficial fue de indiferencia. Fue con la venia del gobierno de Tabaré Vázquez que se consideró que la ocupación era una extensión del derecho de huelga. De allí en más, poco había para hacer. Los empresarios entendieron la señal. O daban lo que el gremio exigía o tendrían problemas. Y nadie sacaría la cara por ellos.
Hoy es el gobierno de izquierda que, como patronal, enfrenta los mismos desbordes sindicales. El que es denunciado por sus trabajadores ante la OIT. El que pierde clientes, y por tanto dinero, por un conflicto tan injustificable como el del BROU. El que no puede hacer que sus empleados trabajen ocho horas, como entiende necesario. El que enfrenta paros y hasta amenazas de ocupaciones en sus diferentes dependencias.
¿Cómo procede la izquierda cuando las demandan de los sindicatos afectan su ecuación económica o sus planes? Sencillo. Les dice "esto es lo que hay", explica que no puede pagar más de lo que el criterio del buen administrador aconseja, condena públicamente los desbordes y advierte que no tolerará ocupaciones ni piquetes en dependencias del Estado.
¿Cómo procede esa misma izquierda cuando los que reclaman son sindicatos privados y los que deben acceder o no a las demandas son empresarios? Hace todo lo contrario. Empuja a las empresas a dar muchas veces más de la cuenta, fija pautas salariales que comprometen a algunas empresas, no condena ningún desborde y tolera toda clase de medidas de lucha, incluso cuando comprometen mercados que mucho costó conquistar.
¿Por qué hay dos maneras diferentes de encarar un mismo problema? ¿Por qué el gobierno no procede con sus trabajadores como exige a las empresas privadas que lo hagan?
elpepepregunton@gmail.com







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