Recta final para campaña de firmas

La "Comisión Nacional por la Seguridad-Yo firmo para vivir en paz", que encabezan dirigentes y legisladores del Partido Colorado y el sector nacionalista Unidad Nacional, preparó un cronograma de actividades para en abril entregar la cantidad de firmas necesarias y poder poner a consideración de la ciudadanía en 2014 un proyecto de reforma constitucional que baja de 18 a 16 la edad de imputabilidad.

A lo largo del mes de febrero parte de los nacionalistas que se sumaron a la campaña participarán de actividades en el interior del país. También se realizarán entregas de firmas recolectadas en los departamentos de San José (con el senador Juan Chiruchi, el diputado Alberto Casas y el intendente José Luis Falero), Durazno (con el diputado Carmelo Vidalín y el intendente Benjamín Irazábal) y parte de las que recabó la lista 71 en Montevideo, que dirige el senador Gustavo Penadés.

En marzo, la comisión proyecta hacer el último "firmazo", una actividad de intensas recorridas para lograr las firmas necesarias, como el que realizaron en 2011 con la presencia de los senadores Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay y Luis Alberto Lacalle (Herrerismo).

El diputado herrerista Gustavo Borsari, una de las caras visibles de la campaña, consideró necesaria la medida porque "la situación de inseguridad que se vive en el país es intolerable".

"La liberación de presos, la derogación del decreto 690 que permitía al policía solicitar la identificación, el pésimo funcionamiento del servicio 911, la falta de patrullaje, entre otros motivos, han sido la debacle del sistema de seguridad pública. Por eso es necesario cambiar las cosas y darle un rotundo mensaje al gobierno", aseguró el legislador blanco.

Los organizadores de la campaña han dicho tener más de 250.000 firmas recolectadas, que alcanzarían para presentarlas ante la Corte Electoral. El objetivo es llegar a las 300.000 para poder tener un margen de descarte y así habilitar el plebiscito.

A pesar de la polémica pública y los cruces políticos entre los impulsores y el gobierno, todas las encuestas de opinión pública que se encargaron de consultar a la población indican que la gran mayoría de los uruguayos está a favor de bajar la edad de imputabilidad.