BAHÍA | OGLOBO/GDA Y AFP
Tras 2 días de negociación, las conversaciones entre el gobierno de Salvador de Bahía (en Brasil) y 200 policías en huelga que ocupan hace una semana la legislatura en la capital y que habrían utilizado a niños como escudo, no rindieron frutos.
Representantes del gobierno y policías se reunieron en la residencia del arzobispo de Salvador, Murilo Krieger, para intentar lograr una solución, mientras el edificio de la Asamblea Legislativa continuaba rodeado por militares.
Según confirmó el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Saul Quadros, al salir de la reunión, el gobierno y los dirigentes sindicales no llegaron a un acuerdo sobre cómo pagar las bonificaciones que exigen los policías.
El arribo a una solución se vio entorpecido también luego de que las fuerzas de seguridad detuvieran al presidente de la Asociación de los Policías Militares de Bahía, Elias Alves de Santana. El sargento es una de las 12 personas que la Justicia ordenó detener por protagonizar la huelga de policías.
Unas 100 personas murieron en Bahía desde que comenzó la medida de fuerza en la ciudad, debido a una ola de inseguridad que duplicó la tasa de homicidios.
Más temprano, el gobernador, Jaques Wagner, dijo confiar en una "salida negociada" con los huelguistas, cuya paralización generó, además de los asesinatos, una ola de saqueos e incendios en siete días, también más del doble que los de la semana anterior, lo cual obligó al gobierno brasileño a enviar tropas para garantizar la seguridad del estado.
"El Carnaval se acerca y tengo la convicción de que llegaremos a un acuerdo", declaró, por otra parte, Wagner a GloboNews.
Menores. Los policías en huelga, armados, ocuparon la sede de la legislatura hace una semana, muchos acompañados por esposas e hijos.
Los últimos niños habrían salido del edificio la noche del lunes, pero su presencia hasta entonces generó polémica. "Reprobamos la utilización de niños como escudo humano", denunció la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, a la estatal Agencia Brasil.
Pero Valdemar Oliveira, coordinador del Centro de Defensa de la Infancia y la Adolescencia, estuvo en el Parlamento y dijo que ya no quedan niños dentro. "Recorrimos las instalaciones y constatamos que no hay más", indicó.
Al lugar se permitió ingresar ayer alimentos, medicamentos y elementos de higiene.
En el interior del edificio "hay una aparente tranquilidad; todos ellos (los policías) quieren que la huelga llegue a su fin", declaró a la prensa el diputado Paulo Azi.
El líder de la huelga, Marco Prisco, del Partido de la Social Democracia (PSDB, oposición), "se puso a disposición de la Justicia para responder por todo aquello que le están imputando", añadió.
La Asamblea está rodeada desde el domingo por más de mil soldados al mando del general Marco Edson Goncalves Dias, un hombre de confianza del oficialista Partido de los Trabajadores y exjefe de la seguridad del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante sus dos mandatos.
La fiesta. En tanto, decenas de miles de turistas son esperados para celebrar el Carnaval en Bahía, que acoge una de las mayores fiestas callejeras del mundo. Se esperan unos tres millones de participantes en seis días, del 16 al 21 de febrero. Pero esta ola de violencia lo podría perjudicar fuertemente.
La embajada estadounidense, por ejemplo, recomendó a sus ciudadanos aplazar los viajes no esenciales a Bahía hasta que no se resuelva la violencia que ha afectado sobre todo a Salvador, una de las 12 ciudades que acogerá el Mundial de fútbol en 2014.
Reclamo. Además de un aumento salarial, los huelguistas reclaman un indulto para los 12 líderes de la protesta, contra quienes la Justicia emitió órdenes de arresto, y amnistía para los policías paralizados (un tercio de los 31.000 del estado, según el gobierno de Bahía).
El gobernador se dijo dispuesto a conceder el aumento pedido, que representa cerca de 17% más que el salario actual de entre 1.100 a 1.330 dólares, pero de manera progresiva en tres años. No obstante, Wagner rechazó una amnistía para policías que cometieron "actos criminales".
"Los que violaron la ley, depredaron patrimonio público, o empuñaron armas y amenazaron a la población dentro de autobuses, esos seguramente tendrán que ser procesados", denunció el gobernador.
El lunes hubo choques entre algunos manifestantes frente a la Asamblea y soldados.