Ciencia, ideología y absurdo

Martín Aguirre

Cuando se mezcla burocracia con ideología y ciencia, el tema se transforma en algo absurdo". Estas palabras del cirujano y profesor grado 5, José Luis Rodríguez en referencia a la polémica por el uso del Hospital Británico de un moderno equipo médico sin autorización oficial, ponen el dedo en la llaga sobre uno de los debates más actuales en el Uruguay de hoy. Esto es el difuso límite entre la actividad económica privada, el derecho a controlar del Estado, y la introducción de aspectos ideológicos en el manejo de la salud.

Todo comenzó cuando el pasado 27 de enero el MSP emitió un decreto fijando que "las personas físicas o jurídicas que realicen inversiones en equipamiento médico deberán recabar previamente la aprobación del ministerio". Según los entendidos la medida tenía nombre y apellido, y estaba destinada a "resolver" la situación generada por el uso por parte del Hospital Británico del robot Da Vinci en al menos tres cirugías. La directora general del Sistema Integrado de Salud, Elena Clavell, dijo entonces que el Británico incorporó la tecnología robótica "sin autorización", y que con la nueva normativa "esto no volverá a suceder, porque un equipo de este tipo no podría ser retirado de Aduana". Pero más polémica aun resultó la reacción del presidente de la Junasa, Luis Enrique Gallo. En declaraciones a una radio afirmó que "el país no está en condiciones de tener este aparato tan importante para cuatro o cinco cirugías al año", y que "si cada institución quiere traer un aparatito para hacer dinero, nosotros nos vamos a oponer radicalmente".

Esto generó una reacción en cadena de buena parte del estamento médico que denunció que detrás de la medida había factores ideológicos inaceptables. Julio Trostchansky, consejero del Colegio Médico Nacional, dijo que cuando a nivel internacional un equipo es reconocido por su eficacia "no parece lógico que existan trabas burocráticas para ingresarlo al país". Y el ya mencionado profesor Rodríguez afirmaba que en el país "hay libertades individuales" y se preguntó: "¿Qué tiene que ver el gobierno con la posibilidad de adquirir una nueva tecnología?".

Hay un hecho incontrastable; la burocracia estatal se ha vuelto un obstáculo implacable a la hora de incorporar nueva tecnología médica, y hay casos en que la aprobación del MSP puede llevar hasta 6 años, haciendo que a veces esta llegue cuando el aparato ya es obsoleto. Algo que según los expertos está afectando el desarrollo técnico en esa área, y que no es ajeno al hecho de que cada vez más uruguayos, quienes pueden pagarlo, opten por ir al exterior para hacerse diagnósticos y tratamientos.

La explicación que se da desde las autoridades para justificar esta maraña de controles y este afán de supervisión en materia de tecnología médica es lo que se ha dado en llamar la "inflación" de equipamiento de este tipo. El argumento es que durante años, muchas empresas privadas (la mayoría propiedad de médicos) importaban equipamiento en exceso, el cual luego compensaban vendiendo servicios a Salud Pública a precios abusivos. Sin embargo es una explicación que tiene costados débiles. Si el problema es que se cobra demasiado por determinados exámenes o tratamientos, o incluso que hay médicos que ordenan estos exámenes sin justificación real, solo para financiar su "negocio privado" como han insinuado algunas autoridades, debería haber caminos menos traumáticos para solucionar el problema sin poner en peligro el avance de la medicina en el país. Por ejemplo una revisión interna más exhaustiva de los gastos de salud pública en estos temas, o incluso un mayor contralor sobre la necesidad real de realizar algunos estudios.

Es por esto que, pese a los desmentidos oficiales, la explicación ideológica cobra más fuerza. Sobre todo cuando se recuerda el debate ocurrido en el gobierno pasado, cuando el Hospital Americano solicitó instalar un sistema PET para diagnóstico del cáncer, cuando el Estado se disponía a construir el suyo propio. En aquel entonces la ministra Muñoz acusó a los privados de "lucrar con las más terribles enfermedades humanas". Y alguien de su entorno fue más allá insinuando que la tecnología médica en Uruguay debía estar al alcance de todos o de nadie.

Ahora bien, está claro que la reforma de la salud impulsada en el gobierno pasado, bajo la explicación de que se pretendía poner coto a algunos excesos de parte de los "empresarios médicos", llevó a una intervención y a un control cada vez mayor del Estado sobre las instituciones privadas. Al punto que el presidente de FEMI Edgardo Mier ha llegado a sostener que "la intromisión de Salud Pública en los centros asistenciales llega a tal punto que hoy no pueden ni ser llamados privados". La cuestión es ¿resulta tanto mejor la gestión pública en el área de la salud que la privada? ¿Tiene derecho el Estado a limitar el derecho de una institución a arriesgar e invertir en tecnología de punta? ¿Vamos lentamente hacia un sistema controlado totalmente por el Estado?

La frase I

"Si cada institución quiere traer un aparatito para hacer dinero, nos vamos a oponer radicalmente. No es que cualquier ser individual quiera traer un aparato y pueda currar con eso". (Presidente de la Junasa, L.E. Gallo)

La frase II

"La burocracia incrementa la brecha tecnológica que hoy ya existe entre el sector público y privado. No me asustaría de la nueva tecnología, me asustaría de esa brecha.". (Dr. Julio Trostchansky)

El dato

Cuando el Hospital británico decidió utilizar el robot Da Vinci, hacía más de dos años que había solicitado la autorización del MSP. Hay autorizaciones de equipamiento que han demorado hasta seis años.