No al robot y a la modernización

Lamentablemente no es un hecho fortuito, sino uno más dentro de una variada lista, que se explica por una letal combinación. La omnipotencia burocrática y la ideología que campea bajo éste y el anterior gobierno. Ahora se trata del robot Davinci, un fantástico adelanto de la medicina que permite operaciones mucho menos invasivas para curar problemas urológicos, de cáncer de próstata y otras dolencias. El avance que significa para la atención de la salud en nuestro país la llegada de este equipo comprado por una institución médica privada, no suscitó sin embargo, ningún aplauso por parte de las actuales autoridades de Salud Pública, sino todo lo contrario. En lugar de preocuparse por las criminales demoras y anunciar medidas para investigar porqué se pierde tanto tiempo con los pedidos de autorización, exigidos por la cada vez más centralizada atención médica que gracias a la ley Tabaré de la Salud, ha sido completamente dominada por el Estado, el interés de los jerarcas estuvo puesto en impedir que el Hospital Británico pudiera seguir con las modernas intervenciones laparoscópicas.

Que hicieran ya dos años que la institución había reclamado la venia al Ministerio y que además le hubiera ofrecido sus servicios a Salud Pública, no es preocupación de la cartera. Sí lo es, que se hayan atrevido a hacer esa inversión y que ya hubiera tres pacientes beneficiados gracias a la incorporación de esa nueva tecnología. Ventaja que claramente describió desde Nueva Orleáns un lector de este diario, al contar los excelentes resultados de la operación semejante que allí le practicaron. Ni tampoco, que otros sanatorios lleven hasta seis años esperando una contestación, como ocurre con una mutualista del interior que pretende importar un resonador magnético o el caso del Hospital Evangélico, que en estos momentos está en proceso de instalar un tomógrafo de última generación, especialmente indicado para neurocirugía. Una tecnología que no es nueva y existe en nuestro territorio, pero tuvieron que pasar más de dos años hasta obtener el permiso.

No hay que olvidar que detrás de estas demoras hay personas. Gente mayor, a veces niños, adultos, que pierden la oportunidad de ser intervenidos o de conseguir estudios mejores, a quienes en esas esperas se les puede ir la vida o una mejor calidad de ella. Se atenta entonces, con toda la tranquilidad y la soberbia del mundo, contra los derechos individuales y la libertad de gestión. Porque no es un burócrata de turno, con un poder fuera de lugar, quien debe tener la potestad de decidir con argumentos tan pobres como que "no somos un país rico que puede tirar manteca al techo" " no es que cualquier ser individual (individuo) quiera traer un aparato y pueda currar", como declarara muy orondo el Dr. Luis Enrique Gallo, actual presidente de la Junasa. La comisión creada a partir de la ley Vázquez- Olesker, un órgano supradotado que decide sobre todo lo que atañe a la salud, en la cual participa una mujer que se supone es la voz de los usuarios, aunque al oír de su boca, expresiones tales como " ninguna institución puede saltearse a la Junasa, así sea para construir un baño" queda bien en claro cual es su actitud y porque fue elegida como delegada.

La evaluación económica y de riesgo es la empresa la que naturalmente la realiza y si se habla de comprar equipos mundialmente probados, no es cuestión de creer que los uruguayos inventamos la pólvora. Tal como sucedió a comienzos del gobierno de Vázquez, cuando el Ministerio de Ganadería presentó en enero de 2007 un decreto de Moratoria Sobre los Transgénicos que prohibió la importación de nuevos eventos y también la investigación por 18 meses. Finalmente volvió a actuar la comisión evaluadora, pero entre una cosa y otra se perdieron unos tres años inútilmente.

Otro ejemplo de estas equivocadas posturas ideológicas fue la resolución de la ministra María Julia Muñoz cuando prohibió la importación de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero. El criterio era que si el Estado no las tenía y le resultaba caro comprarlas, entonces ninguna joven podría tener esa opción. Tan inaceptable decisión al final, por la presión pública fue revertida, pero no sucedió lo mismo con el monopolio estatal del PET, hoy gobernado por el Sr. Engler, luego de que se prohibiera al sector privado adquirir esos modernos aparatos para detección precoz del cáncer.