Suprema Corte: casos de delitos militares irán a juzgados penales

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) no prevé crear juzgados especializados en delitos militares sino que distribuirá esos asuntos entre los jueces penales, dijo el ministro Daniel Gutiérrez, quien ayer asumió la presidencia de la Corporación.

Un proyecto de ley que está desde el año pasado a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, suprime el sistema de Justicia militar al modificar varios aspectos del Código Penal Militar vigente desde 1943.

Así, según el proyecto, la Justicia castrense pasará a la órbita de la SCJ, donde jueces civiles juzgarán los ilícitos militares que puedan cometer los casi 30.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El proyecto, elaborado por una comisión integrada por la SCJ y el Ministerio de Defensa, también prevé la creación de fiscalías y defensorías de oficio para delitos militares.

Sin embargo, en una conferencia de prensa realizada ayer antes del acto protocolar en el que fue designado presidente de la SCJ para este año, el ministro Daniel Gutiérrez dijo que "la idea" de la Corporación es distribuir las causas de la Justicia militar "entre los juzgados en materia penal".

Según Gutiérrez, el proyecto de ley no plantea que necesariamente la SCJ deba crear juzgados especializados en delitos militares. Por eso, dijo que cuando la norma se apruebe los jueces penales recibirán la capacitación necesaria para actuar en la materia.

El presidente del Supremo Tribunal Militar, Julio Halty, se ha expresado varias veces en contra de la eliminación del sistema de justicia castrense, por cuanto considera que es una medida "innecesaria".

En otro orden, Gutiérrez consideró que "la falta de seguridad es un tema trascendente, pero no es imputable a la Justicia, porque la Justicia juzga". Ante ello, destacó que el Poder Judicial buscará ser "más eficiente y eficaz de acuerdo con los requerimientos y demandas de la sociedad".

Por su parte, el ministro Leslie Van Rompaey, que ocupó la presidencia de la SCJ en 2011 y quien se retirará del cargo este mes al cumplir el tope máximo de diez años en el mismo, destacó que el año pasado hubo una "histórica recomposición" en la relación entre la Justicia y el Ministerio del Interior.

En tal sentido, Van Rompaey subrayó que hubo varias acciones ministeriales que "ponen las cosas en su lugar y hoy en día es claro que la Policía es auxiliar de la Justicia y que ese término no es menoscabante sino dignificador de la labor de la Policía".

DESTITUCIÓN. El ministro de la SCJ Jorge Chediak, encargado de realizar la investigación administrativa en relación al caso de Anabella Damasco, concluyó que la magistrada procesada en noviembre del año pasado debe ser destituida.

Chediak terminó su informe a mediados de enero, y ya fue enviado a la Fiscalía de Corte para que se pronuncie. Luego, el asunto regresará a la SCJ cuyos ministros deberán tomar una resolución.

Según supo El País, Damasco presentó un recurso contra la decisión de la SCJ de no aceptarle la renuncia. De haber hecho lugar a su dimisión, se terminaba el trámite administrativo y la magistrada podría acogerse a los beneficios jubilatorios, los que perderá si finalmente es destituida.

Damasco, que era presidenta de la Asociación de Magistrados, se apropió de unos US$ 55.000 incautados en casos que estuvieron a su cargo mientras fue jueza penal en Montevideo. Por ese hecho, fue procesada con prisión por el juez de crimen organizado Jorge Díaz.

Al referirse al episodio, Van Rompaey, que presidía la SCJ al momento del procesamiento de Damasco, reconoció que "fue un impacto duro y el dolor y la angustia perviven".