Venia del fiscal de Corte está congelada

La negociación política entre el gobierno y la oposición para lograr el mayor respaldo parlamentario posible para nombrar al magistrado Jorge Díaz, hasta ahora juez de Crimen Organizado, como nuevo fiscal de Corte, ingresó en una etapa de enfriamiento debido a la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Poder Legislativo la solicitud de venia.

La oposición se molestó a raíz de esta actitud, dado que consideró que en los hechos se estaba cerrando una negociación que evolucionaba favorablemente.

El Poder Ejecutivo necesita mayorías especiales para que se apruebe en el Parlamento esta venia, para lo cual requiere la conformidad de los partidos de oposición.

Por eso, si bien hoy la negociación está cortada se reactivará luego del receso estival, en marzo, cuando se retome la actividad legislativa a pleno.

Fuentes de la oposición indicaron a El País que se espera retomar los contactos políticos y que en lo previo no hay una decisión de no apoyar a Díaz. "Simplemente, con lo que hizo el Poder Ejecutivo se paró todo. Estábamos hablando y mandaron la venia al Parlamento", admitió a El País un senador del Partido Nacional.

VACANTE. El nombramiento de Díaz se hará para llenar la vacante originada el pasado jueves 29 de diciembre cuando renunciara el entonces fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien pasará a desempeñarse como procurador general de lo Contencioso Administrativo, cargo que estaba vacante desde setiembre de 2010.

La negociación política se había establecido entre los senadores Lucía Topolansky y Enrique Rubio del Frente Amplio, el senador Gustavo Penadés del Partido Nacional, los senadores José Amorín y Ope Pasquet del Partido Colorado, y Heber Gatto y Pablo Mieres del Partido Independiente.

Por otra parte, en las próximas semanas los partidos políticos también intentarán acordar los nombres para la provisión de dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otras dos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

De acuerdo con la Constitución, estos nombramientos necesitan también mayorías especiales en la Asamblea General, lo cual obliga a un entendimiento entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.