LA HABANA | AFP Y ANSA
Cuba enfrentó a Estados Unidos, España y la Unión Europea en su conjunto, en materia de derechos humanos, tras la muerte del preso político Wilman Villar, a la vez que la disidencia denunció que medio centenar de opositores fueron detenidos para impedir su asistencia al funeral.
Las declaraciones del Departamento de Estado y la Casa Blanca "impresionan por su hipocresía y doble rasero" y son "un acto de cinismo colosal", dijo la directora de América del Norte de la cancillería cubana, Josefina Vidal.
La muerte de Villar, un opositor de 31 años, el jueves, tras 50 días de huelga de hambre en una prisión de Santiago de Cuba, 960 km al sudeste de La Habana, disparó críticas al gobierno de Raúl Castro de Washington, Madrid, Bruselas, Chile y la organización Human Rights Watch.
Un comunicado de la Casa Blanca emitido el viernes señaló que "el fallecimiento innecesario de Villar resalta la represión permanente del pueblo cubano y los infortunios que encaran los individuos valientes que defienden los derechos universales de los cubanos".
Según la disidencia, Villar, miembro de la ilegal Unión Patriótica de Cuba, exigía su liberación, pues consideraba "injusta" su condena de cuatro años de prisión por "desacato, desobediencia y atentado", y sólo fue hospitalizado cinco días antes de morir, en un estado muy grave.
El gobierno cubano, por su parte, denunció una campaña de "difamación", pues asegura que Villar fue condenado por golpear públicamente a su esposa, la también opositora Maritza Pelegrino, y resistirse al arresto policial, al tiempo que niega que fuera un disidente.
España, por su parte, llamó a Cuba "a liberar a todos los presos políticos, a garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales y a permitir la libre expresión de todas las ideas políticas sin excepción".
La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton, se sumó a las críticas y sostuvo que este caso plantea dudas respecto del sistema judicial y penitenciario cubanos.
"Ni al gobierno español ni a la Unión Europea les asiste la más mínima autoridad moral para enjuiciar a Cuba", señaló la cancillería cubana en su sitio en internet, al tiempo que los acusó de pronunciarse "sin siquiera averiguar o esperar a conocer qué ocurrió realmente".
Las acusaciones cruzadas entre Cuba y España parecen un mal comienzo para las relaciones entre los dos países tras la asunción del gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Mientras, el vocero de la Comisión de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, dijo que hubo entre 50 y 60 detenciones de corta duración, el viernes, para impedir la asistencia al sepelio de Villar, en Contramaestre, Santiago de Cuba.