Consenso en aplicar sanciones estrictas por omisión de padres

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E. BARRENECHE / E. DELGADO

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y legisladores de la oposición coincidieron con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la necesidad de ser más estrictos en las penas por omisiones a la patria potestad.

"Yo creo que habría que buscar algún ajuste a la normativa vinculada a la patria potestad. Con los años que lleva el delito de omisiones a la patria potestad -son décadas-, los procesamientos y condenas han sido muy pocos", dijo Chediak a El País.

Según el ministro de la Suprema Corte de Justicia, "se parte de la base de que nuestras obligaciones como padres es crear buenas personas, hijos trabajadores, estudiosos y que cumplan con las normas. Cuando eso no ocurre, la idea era que se respondiera penalmente".

Jurídica de Presidencia de la República tiene a estudio un proyecto de ley que instaura penas más estrictas a aquellos padres que no controlan si sus hijos delinquen.

El ministro Bonomi concurrió a la Comisión Permanente del Parlamento citado por el Partido Nacional, para explicar la ola de homicidios ocurridos en los primeros días de este año y las rapiñas a comerciantes en la zona de Colón.

"Deberemos ver cuál es el contenido concreto de ese proyecto. En general se envían a la Corte esas iniciativas a los efectos de recabar su opinión. Lo estudiaremos en su momento. Me enteré en el día de hoy (por ayer) de la existencia de ese proyecto", dijo Chediak.

LAS PENAS. La asesora en materia carcelaria del ministro Bonomi, Gabriela Fulco, dijo a El País que el instituto de la patria potestad ya responsabiliza a los padres por los actos que cometen sus hijos.

"Esa figura siempre fue algo nominativo dentro del Código Penal. El asunto es de qué manera eso se lleva a la práctica o no. Y si hay infraestructura y recursos para hacerse cargo de responsabilizar a los padres", sostuvo Fulco. Deberán crearse equipos técnicos que "atiendan esas políticas", agregó. Para Fulco, la violación de los deberes inherentes a la patria potestad no debe ser una conducta delictiva. Agregó que hay otras inconductas más graves que sí requieren de privación de libertad de los autores.

"Estos delitos pueden ir muy bien bajo el área de las penas alternativas o sustitutivas a la prisión", dijo. Penar con prisión aumentaría aún más el hacinamiento existente en los penales uruguayas -hay 9.000 personas encarceladas-, acotó. "No tendría sentido enviar a la cárcel a los padres. Los estaríamos criminalizando de más. Lo que se debe hacer es estudiar las inconductas de los hijos y luego aumentar las responsabilidades de los padres", explicó Fulco.

OPOSICIÓN. Parlamentarios de la oposición respaldan ser más estrictos en las sanciones, pero también reclaman que se aplique la normativa vigente.

El senador nacionalista Carlos Moreira, dijo que habrá que analizar el proyecto de ley, pero aún el gobierno no le dio a conocer el contenido.

"En términos generales podemos contemplar esa posibilidad, aunque ya hay dos artículos en el código penal al respecto", afirmó.

"Habrá que ver qué plantean, pero hay que ser muy prudentes", agrego el legislador

En tanto, el senador colorado Alfredo Solari dijo que apoyará la propuesta, pero que lo necesario es que se cumpla la legislación actual.

"La impresión que tengo y lo que he conversado con expertos en Derecho de familia, es que los deberes de la patria potestad y la falla en su cumplimento se aplican en forma esporádica o casi nunca", señaló. "La base más sencilla es que la legislación ya existe, pero no se hace cumplir", agregó Solari.

El diputado nacionalista Javier García expresó que se deberá estudiar el proyecto, pero coincidió con el objetivo.

"Es una idea a estudiar, atrás de todo niño hay un adulto y esto haría que ese adulto se haga responsable y averigüe dónde está el niño. El adulto puede hacerse el desentendido si el niño comete un delito y esto puede ayudar a que se haga cargo. El concepto lo comparto, habrá que ver el proyecto", afirmó García

OTRO PROYECTO. En marzo del año pasado, luego que un menor asesinó a una docente en Paysandú, el diputado salteño del Espacio 609, Andrés Lima, propuso que los padres de los menores infractores sean penados con tareas comunitarias en escuelas, liceos, policías o espacios públicos.

"Este tipo de sanciones como lo es la imposición de tareas comunitarias, conduce a que los padres asuman una actitud más vigilante, atenta, de contención y de consejo hacia sus hijos, en una edad tan conflictiva como lo es la adolescencia", señaló el legislador en su propuesta presentada en la Comisión Especial de Seguridad del Parlamento.

Uno de los más recientes casos en que los padres fueron encarcelados por omisión de los deberes de la patria potestad ocurrió en marzo de 2011 en Paysandú. Una joven estaba en situación de calle, ejercía la prostitución, era drogodependiente y había cometido varios delitos.

En noviembre pasado, el fiscal de Menores, Gustavo Zubía, denunció por este delito a los padres de dos menores de 15 y 17 años que asesinaron a un guardia de seguridad en un supermercado ubicado en el Parque Batlle.

Eduardo Bonomi

ministro del interior

"(El sistema político uruguayo) deberá discutir cómo aplicar la legislación vigente (relacionada con la omisión a los deberes inherentes a la patria potestad) para que cuando un menor comete varios delitos, se determine qué se hace con la responsabilidad de los padres".

Carlos Moreira

Senador Partido nacional

"En términos generales podemos contemplar esa posibilidad", dijo el legislador, quien aguarda conocer el contenido del proyecto del gobierno. Recordó que dos artículos del Código Penal sancionan la omisión a los deberes de la patria potestad y deben cumplirse.

Alfredo Solari

Senador del Partido Colorado

Dijo que apoyará una propuesta del gobierno que endurezca las sanciones en este tema, pero señaló que lo necesario es que se cumpla la legislación actual. "Los deberes de la patria potestad y la falla en su cumplimento se aplican en forma esporádica o casi nunca", afirmó.

Javier García

Diputado Partido Nacional

Coincidió con el objetivo del proyecto aunque deberá estudiar su contenido. "El adulto puede hacerse el desentendido si el niño comete un delito y esto puede ayudar a que se haga cargo. El concepto lo comparto, habrá que ver el proyecto", expresó el parlamentario.

La Justicia de menores envió al INAU a un adolescente de 14 años, que fue reconocido como uno de los tres delincuentes que el pasado lunes asaltaron el policlínico de Colón del Círculo Católico.

El martes, durante un allanamiento, la Policía detuvo a este menor quien, además fue sindicado como el autor de al menos tres rapiñas más, entre ellas la cometida a una farmacia minutos antes de rapiñar el Circulo Católico.

Además, se lo acusa de asaltar dos supermercados de la zona de Colón.

Por su parte, otros dos menores fueron detenidos, que también estarían involucrados en el asalto al policlínico.

Uno de ellos es un niño de apenas 7 años de edad, quien estaría plenamente identificado por los damnificados y que sería conocido en la zona por sucesivas rapiñas a peatones del lugar.

El otro menor, apodado El Taba, cuya participación en la rapiña al policlínico está casi descartada, fue al INAU por un delito de homicidio en grado de tentativa. El tres de enero durante una rapiña, hirió a un reponedor en un supermercado de Polonia y Austria. Además, estaba fugado del INAU.

El literal B del artículo 279 del Código Penal, establece: "El que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría".

El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que pueden ser juzgados por infracciones los adolescentes de entre 13 y 17 años. Los niños menores de 12 años no pueden ser responsabilizados por su actos. Por eso, si un niño menor de 12 años es detenido por la Policía tras cometer un delito, el juez de menores debe derivarlo a una sede de familia especializada.

Ese magistrado, en caso de que el menor tenga familia, deberá entregarlo con un apercibimiento. En caso contrario, si no es posible ubicar a ningún adulto que se haga responsable, el niño debe ser internado en un hogar de amparo del INAU.

El defensor de oficio de menores infractores, Daniel Sayagués Laso, explicó que como los hogares de amparo son abiertos, el joven "puede irse por la puerta al otro día sin ningún tipo de problema".