Una huelga ilícita

Ricardo Reilly Salaverri

El país viene padeciendo una larga huelga de los empleados bancarios del sector público. La información disponible reza que el motivo es que "los radicales" han ganado a los sindicalistas progobierno, que el numen del reclamo es que no quieren que se determine que se ascienda en el escalafón por méritos y concurso sino por mera antigüedad (buena salud y asientos cómodos) y, que en base a esto están dispuestos a ocasionar todos los daños posibles al país.

Estos empleados públicos, como otros, están usando y abusando de nuestros bancos, de nuestros edificios, de nuestras oficinas, de nuestro servicio de "clearing", de nuestro derecho a que cumplan sus tareas, e ignoran que la plata que reciben por derechos establecidos y beneficios, son retribuciones y mejoras que se las pagamos todos los uruguayos.

Ni los bancos, ni los ministerios, ni los liceos, ni los hospitales, son de los funcionarios y sus sindicatos sino del pueblo uruguayo. Al que se le escatiman servicios públicos para obtener mejoras que, nadie se llame a engaño, en el sector financiero e industrial, no las pagan empresas estatales de Juan de los Palotes, sino de forma directa o indirecta -mediante impuestos, precios de los servicios, tasas de interés, etc.- quienes las pagamos somos los ciudadanos y los contribuyentes.

Ya que, perfectamente se podrían disponer en todo el Estado y sus organismos y empresas, escalas de categorías y funciones con retribuciones indiferenciadas, lo que sería justo, evitando que haya sectores estatales en los que un portero, un administrativo, un abogado y un director ganan hasta diez veces menos que los privilegiados empleados bancarios.

La racionalidad de cuyos "logros" solo se basa en una sostenida y planificada presión gremial.

La huelga es la suspensión de la actividad colectiva, y el abandono del lugar de trabajo, con un fin gremial con el ánimo de volver a la actividad cuando lo conflictivo sea superado.

Parar sectores de golpe sin anuncio previo, impidiendo el trabajo a los demás sectores, distorsionar de esta y otras formas las actividades hasta hacerlas en conjunto inviables, y -especialmente en el caso que nos ocupa- que se suspenda el "clearing" por un pequeño puñado de personas, alterando con ello todo el sistema financiero nacional es una forma irregular de huelga.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que estas medidas deben ser consideradas válidas solamente si no pierden su carácter pacífico.

Ocupar lugares de trabajo ajenos sin autorización, cortar una parte de un sistema vital para el país, para no dejar trabajar a todo el sistema y a quienes quieren hacerlo, es algo violento, no pacífico.

La mayoría de los países democráticos considera a estas formas irregulares de huelga como manifestaciones abusivas e ilegales de este derecho, las que pasan a ser actos de indisciplina sancionables, con algo más que mera pérdida del jornal de los huelguistas.

Ni que decirlo, que una huelga como la bancaria nuestra en Estados Unidos, China, Alemania y ni hablemos en Cuba, implicaría consecuencias mucho más graves para sus protagonistas que la mera pérdida de los jornales no trabajados.