El período de las fiestas tradicionales, a las que adhiere culturalmente la población de nuestro país como integrante de la occidentalidad, ha quedado atrás. Las sonrisas, los buenos deseos de felicidad, las esperanzas y los augurios se dieron con sinceridad y significaron un alto en la cruda lucha por lo cotidiano que, poco después, cedió su lugar al perentorio reclamo de la realidad.
Es que, paralelamente a esa ola de optimismo -tan necesaria como pasajera- se dieron actitudes que la cuestionaron severamente.
Hubo, en verdad, hechos tan poco edificantes y negadores del espíritu de solidaridad, tantas veces proclamado, que el predominio del interés sectorial sobre el colectivo está poniendo en tela de juicio la vigencia de elementos fundamentales, básicos, de la convivencia social.
No podemos menos que señalar que durante ese período de festividades que se presenta como un paréntesis a todas las tribulaciones y sinsabores de la vida corriente ocurrieron hechos que nos avergüenzan.
Dejemos a un lado los problemas políticos, ya que la esencialidad democrática los vuelve legítimos tanto en el acierto como en el error o la discrepancia.
Pongamos atención en actitudes, ellas sí, que cuestionan la normalidad del funcionamiento de ese sistema entre nosotros. Pensemos, por ejemplo, en la actitud de algunos médicos que paralizan la atención de pacientes internados o a punto de internarse en un CTI, planteando cuestiones laborales en detrimento de razones humanitarias.
Pensemos, también, en determinados grupos policiales -a los que la sociedad a la que deberían cuestionar, dota de armas para que asuman su defensa- resuelven interrumpir o limitar el tránsito público en una importante ruta e, incluso, amenazan con ocupar las comisarías. ¿No está en juego el orden institucional vigente? Si se tolera y acepta como legítimo este proceder, ¿cuánto falta para que ellos u otros portadores de armas públicas, ocupen ministerios o, quizá, la Presidencia de la República o el Parlamento o las sedes judiciales?
Al mismo tiempo que se desarrollan estos severísimos sucesos, nuestra sociedad padece índices de criminalidad altamente agresiva.
No hay ninguna conmiseración hacia las víctimas: se mata, se hiere, se secuestra, se viola y, todo ello, por mano propia o acudiendo al servicio de sicarios, una figura que cada día aparece más en las crónicas policiales. Todo vale para el agresor. Crímenes atroces, impensables, se han cometido durante este período de festividades. Nadie guarda memoria de algo semejante ocurrido en el reciente pasado.
Nos preguntamos, entonces, ¿hacia dónde vamos?
Las fuerzas del orden tienen la misión de prevenir y reprimir el delito. Pero solamente la educación puede y debe ocuparse de formar generaciones sanas inculcando principios, valores, normas de conducta que propicien la convivencia pacífica y el respeto al ser humano aún en la disidencia.
Estamos en el siglo XXI y la educación a la que nos referimos no se limita a la que se imparte en las aulas -que es muy, muy importante- sino que comprende, también, la que se genera en el ámbito familiar, la que propalan los medios de comunicación de todo tipo y la que transmiten figuras relevantes de la sociedad, con sus palabras y actitudes.
No se trata, obviamente, de implantar normas absolutas por parte de quienes, en el hoy y ahora, detentan algún poder determinado sino de llevar a cabo de manera profunda una política educativa integral y global, un espíritu educativo de convencimiento surgido del consenso entre personalidades y organizaciones especializadas -con responsabilidad política- que sean conscientes de la existencia de este problema tanto como de su responsabilidad ante el mismo.
Es una tarea muy difícil de cumplir, pero no imposible. Porque, además, debe reflejar el sentir de la ciudadanía, que es causa, motor y consecuencia de la educación que se imparta.
Esta relación dinámica es, a su vez, una garantía que pone a la sociedad entera a salvaguarda de cualquier especie totalitaria.
Las fuerzas del orden tienen la misión de prevenir y reprimir el delito. Pero solamente la educación, puede y debe ocuparse de inculcar valores y normas de conducta.