Acuerdo político por megaminería; confianza en que Aratirí seguirá

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EDUARDO DELGADO

Gobierno y oposición firmaron un documento con las lineas estratégicas para la megaminería. El acuerdo estuvo a punto de naufragar, hasta que el Poder Ejecutivo incluyó planteos del Partido Nacional.

La satisfacción se repetía en las caras y comentarios de los delegados del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que participaron ayer jueves de la conferencia de prensa de la comisión multipartidaria creada por el presidente José Mujica, en que se anunció la concreción de un acuerdo que define las líneas estratégicas para la explotación de la megaminería.

Aunque hasta horas antes de lo que fue la última reunión de esta comisión, el clima no era el mismo y fueron necesarios varios contactos entre jerarcas del gobierno y dirigentes blancos. El Partido Nacional no estaba dispuesto a firmar el documento si éste no incluía propuestas que formuló y que consideraba esenciales, lo que finalmente se concretó.

El gobierno se comprometió a, en base al documento acordado, presentar un proyecto de ley antes del 31 de marzo del 2012.

En febrero, el Poder Ejecutivo convocará a los representantes de Aratirí -el principal proyecto minero en curso- para transmitirle formalmente el acuerdo político, con el fin que puedan incluir los aspectos que éste define en su plan de negocios y propuesta para analizar la viabilidad de su emprendimiento.

"Somos optimistas en cuanto a que las empresas que tienen proyectos continuarán con los mismos, ya con un marco y un respaldo político mucho más claro", dijo a El País el asesor presidencial Pedro Buonomo, quien coordinó la comisión multipartidaria.

"Son inversiones de largo plazo y el país les está transmitiendo políticas de largo plazo, lo que da previsibilidad y ayuda a elaborar proyectos de esta envergadura", añadió.

DEFINICIÓN. El acuerdo define a la minería de gran porte como aquella minería metálica que cumpla con al menos uno de los siguientes tres criterios: inversión superior a US$ 100 millones en etapa explotación; producción anual valorada mayor a US$ 100 millones; afectación territorial del distrito minero de más de 400 hectáreas.

El documento maneja cuatro ejes temáticos sobre la megaminería: ambiental, social, económico y de gobernanza, con una clara línea de reforzar los controles respecto a estos emprendimientos y un régimen tributario especifico, más alto que otras actividades. Se creará un impuesto adicional de carácter progresivo, dependiente de la rentabilidad del emprendimiento y que estiman que la imposición tributaria rondará el 50%.

Los miembros de la comisión coincidieron que el documento incluye una medida innovadora, que es la creación de un Fondo Soberano de Inversión con los ingresos tributarios obtenidos por el Estado de la minería y que tendrá un objetivo intergeneracional.

El destino del Fondo será para inversiones en las zonas geográficas de influencia generadas por la puesta en marcha de los proyectos de minería de gran porte. También para proyectos productivos y de infraestructura para desarrollo económico nacional y en la formación de un Fondo Soberano de Inversión de colocaciones, "ético y transparente a largo plazo".

"Luego de cuatro meses de trabajo hemos llegado a un consenso que se transforma por la firma de un documento entre los cuatro partidos con representación parlamentaria en una política de Estado", expresó el ministro de Industria, Roberto Kreimerman.

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso dijo que el documento "cambia en forma sustancial las reglas del juego con que la megaminería se hubiera desarrollado en el país".

El diputado colorado Walter Verri, resaltó que se logró una política de Estado sobre inversión minera "no a cualquier precio, sino preservando el país natural". El diputado del Partido Independiente Iván Posada señaló que el documento "proyecta la defensa del interés nacional" y apunta a mejorar la calidad de vida de la gente.

Entre las propuestas que en nombre del Partido Nacional hicieron Luis Alberto Heber y Alvaro Delgado, y por las que casi se traba el acuerdo, está una ley de ordenamiento territorial previa a ley de megaminería y un canon para productores afectados y linderos a proyectos mineros.