El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó al Ministerio del Interior por haber llegado a un acuerdo directo sin licitación pública para permutar 60 vehículos usados por 51 nuevos por un total de US$ 570.750.
El argumento para no realizar una licitación fue que de llevar a cabo ese procedimiento se hubiera afectado "el servicio respecto a los trámites y la desafectación de los móviles", según un informe de la Dirección de la Asesoría Técnica en Transportes del Ministerio del Interior.
Para la permuta se convocó a las firmas Sadar y BOR S.A., siendo la primera empresa la que resultó seleccionada en función del precio que presentó.
La secretaría de Estado se amparó en que por ley los ministerios pueden proceder a permutar su flota vehicular, siempre que se constate la situación que se denomina "urgencia impropia".
Sin embargo, el TCR concluyó que las razones planteadas por el Ministerio del Interior para no realizar licitación no son causal de justificación para no haber llevado a cabo ese procedimiento.
Así, para el órgano de contralor, "no resulta justificada la causa de excepción invocada para proceder a la contratación directa".
El dictamen del TCR agrega que el mecanismo de la "urgencia impropia" se puede aplicar en los casos "en que los trámites de la licitación perjudicarían gravemente a la Administración, en razón del tiempo que insumen".
Además, el TCR estableció que "el proceso para realizar la selección del cocontratante debe ajustarse a la normativa general de la contratación administrativa".