Lo que paga el trabajo

Nada de lo que sigue aportará novedades a nadie medianamente informado del acontecer nacional, pero se necesitaba una investigación periodística seria, bien documentada, para confirmar aquello del "todo Madrid lo sabía". Y llegó. El domingo pasado, se publicó con los detalles que interesaba conocer en nuestra edición.

El título de la nota, a cargo de Deborah Friedmann y Viviana Ruggiero confirma oficialmente datos que hace tiempo nos llegaban por vías tan informales como confiables, de fuente insospechable. No teníamos exactamente los números pero ahora se puede decir que el gobierno gasta un millón de dólares por día -300 millones al año- en transferencias a sectores de la población considerados "vulnerables" económicamente. Somos el segundo país de América Latina con mayor proporción de personas que dicen recibir ayuda estatal directa en alimentos o dinero: es un 30% de la población y sólo nos supera Bolivia donde el porcentaje va al doble, 60%. No estaría mal, si se cumpliera con las condiciones de reciprocidad a cargo del beneficiario, para lo cual se necesita verificar -y no se hace- si las elementales condiciones de la asistencia entre las cuales la primera es tener un sistema de contralor pero ni con eso se cuenta. Entonces, de hecho, lo que podría ser un mecanismo de ayuda social que parecería justificarse por las graves secuelas de la crisis bancaria del 2002 que afectó duramente la economía y generó cierres de empresas y desempleo, se ha transformado en una mera dádiva sin contrapartida alguna para quien la recibe. Funciona en la práctica como una hasta inmoral compra de votos por el gobierno. El gobierno de Tabaré Vázquez tuvo como pilar al Plan de Emergencia al que se le atribuyeron resultados positivos en el cuidado de la salud. Empezaban los tiempos de las vacas gordas. Gobiernos como el actual con mayorías absolutas, que facilitaban el ejercicio del poder a discreción. Sin embargo, entre, otras carencias, ni el primer gobierno pudo, ni el actual ha aportado algo efectivo para conseguirlo: solucionar el caos del sistema educativo, lo cual en términos de utilidad social tendría que ser el resultado por excelencia y está cada vez más descompuesto.

El informe que estamos glosando es categórico en cuanto a que los beneficiarios de las tarjetas Uruguay Social deben asistir a centros de enseñanza y mantener controles periódicos de salud, pero en la práctica el BPS no tiene información de Primaria, por lo cual, sin cumplirse con esta carga fundamental para mantener el equilibrio y hasta la decencia del sistema, éste está totalmente desbalanceado. También esa falta de control predispone hacia la informalidad, principal causa de rechazo a propuestas concretas de ingreso al mercado laboral y la negativa no priva a nadie de ningún beneficio.

Ese desbalance demuestra que en un país en donde se ha disfrazado con el nombre de "impuesto a la renta" lo que no resultó ser otra cosa que un macizo impuesto al trabajo, que pagan trabajadores activos y pasivos -con el agravante que a éstos se les grava con las mismas tasas que a aquellos- la transferencia más injusta es justamente la de los recursos del trabajo, para financiar el ocio. Así se desnaturaliza la prédica evangelizadora del Dr. Vázquez, porque no pagan más "los que tienen" más, sino los mejor retribuidos por las responsabilidades de su ubicación empresarial. De esa manera el éxito laboral, se transforma en un castigo.

Es demasiado el tiempo de arraigo de esta injusticia incomprensible que no tolera ninguna reforma tributaria, como para pensar que esto se va a corregir de la noche a la mañana. Así como está, impone una fuerte ventaja política y electoral al Frente Amplio para perpetuarse en el gobierno. La gente vota con el bolsillo y los beneficiarios del Mides son muchos. Queda la esperanza que los que les están financiando el ocio -hasta ahora gratis- tomen conciencia del destino que se le da a su dinero, financiando al ocio ajeno… contra nada.

Comprobadamente, contra nada.