Remesas

Desde el ministerio del Interior se arengó a los comerciantes "a contratar una empresa que les traslade los valores" por razones de seguridad. Esa recomendación surgió tras el reciente asesinato en la calle Canelones y Bulevar Artigas del propietario de dos estaciones de servicio. La racha es terrible: en el último semestre media docena de comerciantes fueron ultimados por asaltantes, varios de ellos catalogados como menores de "gatillo fácil" según la policía.

Ante esa realidad las autoridades no deberían, como primera reacción, transferirle a los empresarios el peso del asunto pidiéndoles que garanticen la seguridad, una función esencial del Estado que, esa sí, no debería privatizarse. Un Estado que no está desprovisto pues su policía hoy cuenta "con el mayor presupuesto de la historia", según se ufanó hace poco el ministro Eduardo Bonomi. Un presupuesto que se paga con lo recaudado por los impuestos que la gente, y en especial los empresarios, vierten puntualmente. Es inaceptable que con ese presupuesto récord y el crecimiento de la plantilla policial, la criminalidad siga cobrando más vidas de comerciantes.

Ahora se les pide a los empresarios que vuelven a pagar por lo que ya pagan. Que contraten su propia seguridad cuando transportan dinero, como en el caso de la última víctima, o cuando envían a la calle una remesa, lo cual supone una renuncia total del ministerio del Interior a prestar algún tipo de colaboración en esa materia como la que suele prestar la policía en otros países. Es también una confesión de impotencia ante la criminalidad.

En suma, es llamativo que el reflejo del Ministerio del Interior sea descargar el problema en las espaldas del sector privado.