Por el costado

En estos días vuelven a alzarse voces que piden mayores controles para las empresas públicas de derecho privado. "Es el Estado por el costado", las definió José Mujica, quien ha insistido sobre la necesidad de regularlas. Se estima que son unas 60 en total, algunas tan importantes como la Corporación Nacional para el Desarrollo, el LATU o República AFAP, y otras tan polémicas como ALUR, esa deficitaria creación de Ancap para fomentar el desarrollo de la industria azucarera en Bella Unión.

La ventaja de este tipo de empresas es que actúan con total libertad, como cualquier empresa privada, lo que repercute, por ejemplo, en la situación de sus funcionarios que carecen de la inamovilidad de los empleados públicos. La ineficiencia y la pesadez del Estado favoreció la multiplicación de estas entidades que manejan capital estatal, pero que escapan al control del Tribunal de Cuentas, un organismo que reclama de continuo la posibilidad de supervisarlas.

Un proyecto presentado meses atrás por legisladores nacionalistas procura establecer que los miembros de esas empresas tengan iguales responsabilidades que los directores de entes autónomos y, al mismo tiempo, que estén obligadas a aportar información sobre sus actividades. Actualmente carecen de esa obligación lo que ha llevado a decir que son "una ventana abierta a la corrupción". Según el propio Mujica urge aprobar normas que permitan controlarlas, una inquietud tan legítima como llamativa puesto que su gobierno cuenta con las mayorías parlamentarias para legislar rápidamente en la materia.

Como en tantas otras cosas de esta administración, aunque el diagnóstico está, los remedios tardan demasiado en aplicarse.