Policía procesada por robo es guardia en una cárcel

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DANIEL ISGLEAS

Una agente policial procesada por cometer un hurto en un supermercado fue, meses después, contratada por el Ministerio del Interior para trabajar en el penal de Punta de Rieles. El sumario administrativo por el hurto no habría concluido.

La información fue recibida por el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay), quien para conocer más detalles solicitó al Ministerio del Interior una serie de datos. Por ejemplo, que le indicara cuál es la reglamentación que rige para la designación de los "Operadores Penitenciarios" que prestan funciones en los establecimientos de reclusión, en el marco de la ley de Emergencia Carcelaria.

En especial, pidió que se le informara sobre los requisitos y procedimientos seguidos para su designación, las competencias exigidas para ocupar los cargos o desempeñar las funciones, las incompatibilidades y los impedimentos de actuación de las personas.

Según la información en poder del senador, una funcionaria policial que revistaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación fue aprehendida por un delito de hurto en un supermercado a comienzos de este año. Intervino la Seccional 9ª de Policía y luego ella fue procesada sin prisión, por reiterados delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, por el Juzgado penal de 21er Turno.

Los jerarcas policiales elevaron el caso a consideración de Asuntos Internos del Ministerio el 24 de febrero pasado, a efectos de que se instruyera el sumario correspondiente pero, según la información en poder de Solari, no habría habido resolución.

Esta persona se presentó entonces a un llamado del Ministerio para la contratación de personal civil para cárceles. Ingresó y se le asignaron tareas en el penal de Punta Rieles, que funciona desde hace un año.

Según el texto del pedido de informes, al que accedió El País, Solari preguntó entonces a Interior si previo a su designación se hizo "el debido contralor de la inexistencia de antecedentes penales o sumariales" de los interesados para el desempeño de esos cargos. Y si se requirió información a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) "sobre la inexistencia de sumario pendiente o destitución por la comisión de una falta administrativa".

Además, Solari pidió la confirmación oficial de que la aludida operadora penitenciaria "revistaba anteriormente en los cuadros funcionales del Ministerio del Interior como agente de 2ª Esc. L, habiendo ingresado por concurso en junio de 2010 en la ex Dirección Nacional de Cárceles, hoy Instituto Nacional de Rehabilitación".

También, en el pedido de informes preguntó si como consecuencia de la comisión de este delito y el consecuente sometimiento a proceso penal, "fue dispuesto un procedimiento disciplinario que concluyera con la aplicación del art. 126 de la Ley 17.296 y art. 4 del decreto reglamentario 355/002, disponiéndose -a su respecto- la rescisión del contrato por ineptitud moral para desempeño del cargo".

Solari pidió en especial la "copia de los expedientes administrativos 783/2011 y anexos vinculados (Exps. 881/2011 y 2258/2011) y de los informes jurídicos que en los mismos recayere".