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MARCELA DOBAL

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, instó ayer a los legisladores a aprobar por "unanimidad" los cinco acuerdos de intercambio de datos fiscales que todavía no tienen ratificación y resaltó los avances hechos para cumplir con OCDE.

"Yo espero una actitud, la misma que se ha tenido cuando se han discutido otros tratados", dijo Lorenzo ayer por la mañana, en el cierre de una actividad organizada por CADE.

"Si los tratados para evitar la doble tributación y los tratados de intercambio de información tributaria se han aprobado por unanimidad muchos de ellos en el Parlamento de la República cuando se realizan con un país, yo espero la misma unanimidad cuando ocurra con cualquier otro país", agregó.

Lorenzo dijo que sin importar el tipo de acuerdo que se firme, la "relevancia y pertinencia" de ese instrumento jurídico "no puede estar condicionada" a con quién se firma.

El ministro de Economía se adelantó con esto a cualquier debate que pueda ocasionarse a futuro, especialmente en el caso de un tratado con Argentina -que todavía no está finalizado- en el que existe disparidad de opiniones.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a El País que para el próximo martes se convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara y en el orden del día están los acuerdos fiscales pendientes. "Seguramente se van a aprobar unos cuantos, creo que la mayoría de ellos por unanimidad y algunos por mayoría, pero van a salir", indicó. La sesión extraordinaria permite dar más tiempo a los legisladores para tratar los temas, ya que se puede extender hasta las 12 de la noche e incluso prorrogarla siempre que no haya moción para levantarla.

El Parlamento ya ratificó cuatro acuerdos (Hungría, México, España y Alemania), pero aún tiene cinco pendientes (Portugal, Liechtenstein, Suiza, Ecuador y Malta).

Esos acuerdos pasaron por un proceso de negociación técnica, fueron firmados por los presidentes de ambos países o jurisdicciones, pero antes de entrar en vigor necesitan ser ratificados a nivel parlamentario.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le exigió a Uruguay en 2009 la firma de 12 acuerdos de intercambio de información fiscal para mostrar su compromiso con la transparencia global. Uruguay avanzó por ese camino, pero este año recibió críticas del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que lo calificó de "paraíso fiscal". Además, OCDE informó que ya no basta con firmar 12 acuerdos para cumplir con los estándares internacionales.

El Partido Nacional decidió votar los acuerdos, pero "con objeciones", informó a El País el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, Daniel Peña. "El gobierno no ha dicho cuál es la nueva estrategia, porque lo que quedó claro después de las palabras de Sarkozy es que con 12 acuerdos no vamos a solucionar absolutamente nada", dijo. No obstante, Peña afirmó que los nacionalistas no van a "trancar" la firma de los acuerdos que ya estaban adelantados.

El Partido Colorado también votará los tratados pendientes. El único representante que tiene en la Comisión de Asuntos Internacionales, Fernando Amado, dijo a El País que se "va a acompañar con el voto afirmativo los acuerdos".

"Pedro Bordaberry tuvo una reunión con el ministro Lorenzo y se conversó este tema, teniendo en cuenta que era importante votar estos tratados a efectos de mejorar la presencia de Uruguay en la lista de la OCDE", indicó.

Según supo El País solo hay uno de los tratados que pedirán que regrese a la Comisión, pero "no por un tema de fondo sino de forma", ya que su redacción es distinta a la de los demás, dijo Amado que no quiso especificar cuál.

Por su parte, Lorenzo se refirió ayer en su alocución en CADE a la exigencia de OCDE de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina.

"Si no hubiéramos tenido experiencia de negociación con países muy relevantes, las negociaciones con otros países relevantes que aún están pendientes las haríamos en condiciones de incertidumbre porque no sabríamos ni negociar esos convenios. ¡Y vaya las cosas que nos podrían decir en Uruguay si se nos ocurriera haber elegido en primer lugar para negociar estas cuestiones con Argentina!", dijo.

ACCIONES. En línea con las exigencias de la OCDE, Lorenzo informó ayer que "en las próximas semanas" se presentará un proyecto de ley donde se buscará cumplir con el requisito de identificar la propiedad de las empresas. Como ya había adelantado a El País, indicó que en lugar de cambiar la normativa de la legislación de sociedades anónimas, solo se introducirá la obligación de informar a la Dirección General Impositiva sobre quiénes son los propietarios de las empresas con acciones al portador. "Esto permite encapsular la transparencia de la información a fines de la cooperación, encapsulada en el secreto tributario", dijo.

En la misma actividad, el titular del Banco Central, Mario Bergara, defendió la transparencia de Uruguay en materia de información y combate tanto al lavado de dinero como al terrorismo y criticó al Grupo de los 20 países más industrializados por sus escasos avances.

Dijo que en la región solo Panamá y Colombia cumplen mejor que Uruguay las 40 recomendaciones de lavado de dinero del GAFI. Agregó que el país tiene "mejores estándares de protección del lavado de activos que la mayor parte de los países de G20". De los 19 países que lo integran (exceptuando la Unión Europea como bloque) solo dos tienen mejor evaluación que Uruguay: Estados Unidos y Francia", indicó y lanzó: "Los países del G20 tienen muchos deberes para hacer en sus hogares".

Si bien en 2010 el gobierno logró que se aprobara una ley para que los activos que tengan residentes en el exterior comiencen a ser gravados con impuestos, la recaudación aún no comenzó porque nunca se dio a conocer el decreto reglamentario. En el evento organizado por CADE, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la "reglamentación va a tener que salir en los próximos días porque hay que asegurarse que la normativa esté vigente cuando tiene que entrar en vigencia, que es el período 2012". Esta fue una de las medidas que tomó el gobierno en su estrategia para cumplir con los estándares de transparencia internacional. Otra fue la flexibilización del secreto bancario, que permitió la posibilidad de su levantamiento con la aprobación de la Justicia.