Verdad histórica

A pedido del presidente, el Ejército se pronunció sobre el hallazgo de los restos de Julio Castro. Fue así que el comandante en jefe Pedro Aguerre lanzó una exhortación adentro y afuera del Ejército "para obtener información", y solicitó "una vez más la colaboración de todos para restablecer una reconciliación" en la sociedad.

La declaración de los altos mandos del Ejército es bienvenida. Reconocer explícitamente las violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura, así sea ante lo inevitable de la más cruel evidencia del asesinato feroz, es positivo.

Se emprende así, con decisión, un camino que seguramente será tortuoso, porque es probable que muchos actores no estén dispuestos a colaborar (o que ya estén muertos). Pero se trata de un camino absolutamente necesario de transitar para alcanzar cierta reconciliación histórica entre las Fuerzas Armadas y la sociedad uruguaya. Porque los episodios que se van conociendo con el paso del tiempo van confirmando, con fuerza de verdad inapelable, la indignidad de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas entre 1973 y 1985. Sin embargo, la declaración del Ejército señala una dimensión que se ha omitido en estos días y que parece fundamental subrayar: para la reconciliación nacional, se precisa de la colaboración de todos. Sin embargo, hay actores fundamentales de ese período que no están dispuestos a aceptar sus responsabilidades históricas.

Sin ir más lejos, hace algunos meses atrás la investigación periodística "Milicos y Tupas" de Leonardo Haberkorn mostró cómo en 1972 una tregua entre militares y guerrilleros derivó, entre otras cosas, en la participación de cuadros del MLN en interrogatorios a ciudadanos detenidos por supuestos delitos económicos y que fueron torturados. ¿Hubo alguna declaración de los principales actores guerrilleros de aquellos años pidiendo disculpas a la sociedad, y a los directamente involucrados, por tales violaciones a los derechos humanos y coparticipación en la represión ilegal de los militares? Ninguna.

Es que una reconciliación nacional exige un talante que la mayoría de esa vieja generación izquierdista no está dispuesta a conjugar. Al contrario, la sensación que hay, desde 2005, es que debe salir a la luz pública toda la verdad de lo ocurrido en tiempos de dictadura. Pero, a la vez, es claro que se reescribe la historia nacional del período 1962 a 1973 en un sentido que exculpa de cualquier responsabilidad a la izquierda extremista.

Los ejemplos son numerosos y variados. Desde carteles en Facultad de Psicología que sitúan el período no democrático entre 1968 y 1985; hasta manuales de texto para preadolescentes, de sesgo marxista y con retratos de Ernesto Guevara o Tabaré Vázquez; pasando por investigaciones de Facultad de Humanidades que intentan demostrar que el único partido resistente a la dictadura fue el Partido Comunista; la extendida voluntad de historiadores de izquierda de justificar la razón guerrillera en tiempos democráticos; o el sinfín de manifestaciones culturales financiadas con fondos públicos -nacionales o municipales- que van todas en el sentido de destacar los horrores de la dictadura, pero sin decir una palabra de las causas revolucionarias de extrema izquierda que llevaron al país a ese infierno militar.

¿Es posible una reconciliación nacional sin verdad histórica? Es claro que no. Por eso la exhortación de Aguerre en el sentido de romper posibles pactos de silencio es imprescindible. Pero, también lo es, que el gobierno del Frente Amplio encare de forma drásticamente distinta el relato de Historia Reciente con el que se está adoctrinando a las nuevas generaciones del país. Si es cierto que se quiere la reconciliación nacional, no basta con reconocer las violaciones a los derechos humanos en tiempos de la dictadura y que las Fuerzas Armadas, institucionalmente, asuman sus responsabilidades. Importa que los viejos guerrilleros asuman cabalmente las suyas. De otra forma, estaremos mintiéndonos frente al espejo de la historia.