Tras la citación el director de DGI, Pablo Ferreri, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el Partido Nacional mantiene su disconformidad por la resolución que obliga a colegios y clubes deportivos a proporcionar información de los contribuyentes.
El diputado Pablo Abdala, quien convocó al funcionario, señaló a EL PAÍS digital que las respuestas de Ferreri no conformaron, que esperarán la resolución de la Justicia, y de acuerdo a ésta, insistirán en la derogación de la resolución. "El contenido de la resolución es absolutamente arbitrario", dijo.
Según informó el legislador, en su argumentación Ferreri planteó la resolución como una necesidad de acuerdo al actual sistema tributario, y que la DGI "no tiene más remedio que procurar información de carácter general para realizar el cruzamiento de datos y poder fiscalizar".
Abdala expresó su rechazo al medio utilizado para resolver esas necesidades, ya que no lo considera "legítimo" y propone un debate parlamentario para alcanzar otro tipo de solución.
"Hay un problema de legitimidad en la resolución que se tomó, porque hay una limitación de derechos individuales, en particular el derecho a la intimidad y sólo la ley lo puede limitar, no una resolución de un órgano desconcentrado", puntualizó.
Según la resolución, quien cada año gaste más de $ 68.256 en un club deportivo o más de $ 159.264 en un centro de enseñanza privada estará en la mira de la Dirección General Impositiva (DGI), que redobló su apuesta fiscalizadora.
Se establece la "obligación de informar" a esas instituciones sobre el gasto que realizan los clientes que superen un determinado nivel mínimo. La información deberán entregarla a través de una "declaración jurada anual" a partir de 2012.
"Vamos a esperar el dictamen de la Justicia y ver cómo evoluciona el debate sobre este tema", concluyó Abdala.