Nueva embestida

Los actos de los seres humanos pueden ser evaluados desde diferentes perspectivas y frente a todos los problemas siempre habrá una biblioteca que defienda una tesis y otra que se incline por lo contrario. En lo que no cabe duda es que no hubo gobierno tan invasivo obre la privacidad de los habitantes como este del Frente Amplio que está sufriendo el país.

Otra nueva embestida se ha consumado con la aún comentada iniciativa de obligar a los Colegios, Universidades y clubes deportivos de facilitar a la Dirección Impositiva el nivel de gastos de sus clientes y afiliados, que en su momento criticamos duramente pero que sigue gozando de buena salud, a lo que debe agregarse la invasión de los estudios profesionales.

El tema puede analizarse desde dos puntos de vista y en ambas perspectivas es indefendible. Pretendiendo fundar su procedencia, la DGI se ha remitido a un inciso perdido de un artículo del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad Financiera), que choca de manera frontal con el artículo 28 de la Constitución donde se establece que "los papeles de los particulares… son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación" en un principio que se estableció ya en la Carta de 1930. Nunca pudo pensar el Constituyente, que un siglo más tarde, una oscura administración iba a violarla, desconociendo, además, un viejo espíritu libertario que ya figura en la Declaración Francesa de 1789 y en la Universal de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas al establecer que nadie podrá ser objeto de "injerencias arbitrarias en su vida privada y la de su familia".

Ante la mansa actitud de algunos colegios que acataron la decisión de la DGI, se enfrentaron veinte Colegios y Clubes que interpusieron recursos administrativos que se encuentran en trámite, aguardando abrir la vía del Contencioso Administrativo que es de esperar corrija aquella barbaridad que dio lugar también a fuertes cuestionamientos en la Cámara de Senadores, en la prensa y en revistas especializadas, donde calificados Catedráticos abundaron en consideraciones críticas, con sólidos fundamentos.

Paralelamente a la cuestión jurídica se mantiene por lo tanto otra, que no debe ser ignorada y que tiene que ver con esa actitud el gobierno de invadir cada vez más la privacidad de los habitantes, que no es una moneda de cambio en un régimen democrático ni una característica a difundir con el propósito de atraer inversores. Al Uruguay no llegó el texto íntegro de las exposiciones del Presidente Mujica en sus encuentros con los inversionistas de México y Brasil, pero es de presumir que, pese a su incontinencia verbal, no debe haber incluido en sus folclóricas meditaciones ninguna mención a la existencias de esas resoluciones. A ella debió agregar el establecimiento en su momento de una Central de Información de Riesgos Crediticios del Banco Central, abierta al público indiscriminadamente a través de una página de Internet; la orden a Escribanos y Casinos -al amparo de evitar un eventual blanqueo de capitales- de averiguar el origen de fondos y apuestas; las investigaciones en empresas automotoras sobre la venta de unidades cero kilómetros y en las inmobiliarias del Este sobre el alquiler de apartamentos, en donde no faltó una inquisitoria a los modestos porteros de edificios.

A ese inventario corresponde incorporar la existencia de Delegados Presidenciales en varios departamentos del interior y de un Coordinador de Servicios de Inteligencia, dependiendo exclusiva y únicamente del Presidente, en un cargo que fuera provisto con un titular de discutibles antecedentes y ante el cual, recién ahora, a los seis años de creado y ejercido, el Parlamento está estudiando la forma de cortarle las alas. El borde entre la libertad y la arbitrariedad no todos lo perciben y menos quienes parten de esquemas marxistas, que han fracasado en todo el mundo pero que todavía en Uruguay cuentan con supremos sacerdotes e intelectuales acólitos. Ese sagrado límite cada vez se encuentra más debilitado; es hora de plantear la lucha para que se respete.