Acuerdos y contenidos

Washington Beltran Storace

Empiezo por lo obvio. Creo, como la mayoría de los uruguayos, en la necesidad de los acuerdos políticos. Me parecen una forma civilizada de zanjar diferencias y luchar por un bien común que es el país y el bienestar de sus ciudadanos. También creo en la democracia, donde a falta de acuerdos o con acuerdos, lo que vale es lo que decide la mayoría. Lo que lleva a plantearse la pregunta de ¿qué tipos de acuerdos deben buscarse con un gobierno que tiene mayorías regimentadas? Aquellos que implican políticas de largo aliento, políticas de Estado que trascienden la coyuntura de un período, como es la Educación. ¿Es lo que está ocurriendo? Me temo que no. El debate no aparece centrado en ello.

La cuestión hoy está planteada en la aplicación del programa Pro-Mejora, un proyecto incorporado a iniciativa del Codicen en la ley de Presupuesto, que contó con el apoyo del Poder Ejecutivo y la aprobación del Poder Legislativo. Un absurdo, aunque a esta altura del partido, en materia de educación en el Uruguay, cualquier cosa parece posible. ¿Acaso es necesario un gran acuerdo político nacional para que los profesores de Secundaria cumplan la ley? ¿No es, acaso, una obligación que tienen como cualquier ciudadano?

Sabedores de su sinrazón, los gremios de Secundaria han acotado a ese punto la discusión, han transformado al Pro-Mejora en el centro de la pulseada y han provocado el desgaste del poder político. Que el árbol no impida ver el bosque y se piense que con un triunfo en la batalla del Pro-Mejora los problemas se solucionan. El objetivo de las corporaciones es vaciar de contenido las posibilidades de acuerdo o reducirlas al Pro-Mejora. Han llevado a esa pequeña parcela el enfrentamiento, que saben van a perder, para seguir disfrutando todo el resto que incluye la mayor inyección de recursos económicos en toda la historia de nuestra educación.

Un acuerdo no puede tener por objetivo resolver lo ya resuelto, sino que supone medidas a futuro. Y en materia de educación solo hay dos caminos, que lo gremios resisten:

1) Dar estricto cumplimiento a lo acordado por los cuatro partidos en mayo de 2010. Hay un documento firmado que prevé una serie de puntos que jamás se instrumentaron. Empecemos por cumplirlos que en algo mejoran la actual situación.

2) Dinamitar la ley de Educación. Parece lo más sabio, porque con el régimen actual los gremios se han apropiado de ella y han dejado por fuera a la sociedad y a sus legítimos representantes.

El absurdo de toda esta cuestión que incluye actitudes de insubordinación y desacato del Consejo de Secundaria, amagos de renuncia, intervenciones varias del Presidente y Vicepresidente de la República, del Ministro de Educación, de diputados y senadores de todos los partidos y hasta de grupos de intelectuales independientes, paros y ocupaciones docentes de centros de estudios, desalojos y alguna perlita más que me puede quedar por el camino, giran en torno de la puesta en marcha de un programa que abarca solo 20 instituciones de enseñanza. Eso es lo que comprende el Pro-Mejora. Todo este infernal desbarajuste se armó porque en un universo de 3.244 centros de estudio (2.570 de Primaria, 538 de Secundaria y 136 de UTU) se pretende poner en práctica en 20 de ellos un plan piloto (experimental) por tres años, que comprende una mayor autonomía de los centros a partir de la presentación de propuestas pedagógicas propias, con apoyo financiero y como contrapartida evaluaciones periódicas. Si ello genera competencia entre los institutos, bienvenida: será una competencia por la calidad, por la excelencia, por el nivel educativo que esos chicos alcanzarán. ¿Puede molestar esto a alguien?

No hay dudas que sí, desde el momento que tenemos un gran número de docentes que consideran que la única forma de defender la Enseñanza es dejar sin clase a sus alumnos. Hacer paros a diestra y siniestra sin preocuparse de quienes son los damnificados. Que si poco sabían los chicos, menos van a saber con el retaceo de horas de clase. Y es más: mientras duran sus periódicas medidas "reivindicativas" habrá unos 300.000 alumnos entre 12 y 18 años que se quedarán encerrados en su casa o vagando por las calles para matar el tiempo, una alternativa que promueve el desaliento a sus obligaciones y resulta muy peligrosa por sus eventuales derivaciones. Y del derecho a estudiar mejor ni hablamos. No se puede perder el tiempo en buscar un acuerdo nacional para cumplir la ley. Sí para dar una batalla más profunda por la educación, que es lo que los gremios buscan impedir conscientes de que los resultados del Pro-Mejora van a ser infinitamente superiores a los que se registran hasta el momento, sin necesidad de mucho esfuerzo. Lo que hay actualmente es muy pobre. Con poco se podrá avanzar y eso lo saben el poder político, la sociedad y los gremios, que perderán el manejo exclusivo de la educación. Bienvenidos los acuerdos que apuestan a un cambio. Si no, no.