Veedor judicial pide acotar encierro de los menores

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PABLO MELÉNDREZ

Un veedor judicial constató que el INAU no cumplió con una sentencia de 2008 que obligó a reducir las horas de encierro y a controlar la aplicación de psicofármacos en dos hogares de internación de la Colonia Berro.

Tras una acción de amparo presentada por el fiscal civil Enrique Viana, en abril de 2008 la jueza de familia María Luz Vila, condenó al INAU a disponer medidas alternativas al encierro y a establecer controles sobre los psicofármacos que se brindan a los jóvenes internados en los hogares Ser y Piedras de la Colonia Berro.

Sin embargo, un veedor nombrado por la jueza Vila determinó que "no se han producido los cambios deseados en las condiciones de vida de los adolescentes privados de libertad en ambos centros y que, por lo tanto, no se ha dado cumplimiento" a la sentencia.

El veedor designado es el defensor de oficio de menores infractores Guillermo Payseé, quien en el informe que entregó a la jueza el pasado 7 de noviembre, indicó que "el tiempo de permanencia" de los jóvenes fuera de las celdas es "escaso", lo que se suma a "la falta de actividades colectivas, como por ejemplo la práctica de deporte o lugares donde puedan ver la televisión o un comedor para almorzar y cenar".

Según relata Payseé en el informe, al que tuvo acceso El País, los adolescentes cuentan solamente con dos recreos diarios de una hora, uno por la mañana y otro en la tarde. "Se debe poner la mayor voluntad y energías institucionales en revertir esta situación y tomar las medidas para terminar con este sistema de encierro prolongado en lugares inapropiados, que violan los derechos humanos de los privados de libertad, reproduciendo el sistema que tenemos en nuestro país para los mayores de edad", señala Payseé.

En cuanto a la utilización de medicamentos, el veedor verificó que "la totalidad" de los jóvenes internados en ambos hogares de la Colonia Berro son tratados con psicofármacos para sobrellevar "las condiciones de encierro que padecen", dice el informe de Payseé.

En base al informe de Payseé, el fiscal Viana presentó el viernes 25 un pedido para que la jueza Vila intime al INAU a cumplir con la sentencia de 2008 en un plazo máximo de diez días.

"La omisión del INAU constituye un acto de desobediencia de una sentencia del Poder Judicial y como tal un agravio al Estado constitucional de Derecho", señala el fiscal, quien solicitó que se informe sobre la intimación al Ministerio de Desarrollo Social.