Familia argentina reclama predio por US$ 8 millones a Maldonado

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MALDONADO | MARCELO GALLARDO

La Intendencia de Maldonado fue demandada en más de US$ 8 millones por una familia argentina que exige la devolución de un predio de cuatro hectáreas sobre el mar, ubicado en el paraje Eden Rock.

El predio en litigio se encuentra entre la ruta 10 y el océano Atlántico, a poca distancia de la zona de chacras marítimas propiedad de conocidas figuras argentinas como Marcelo Tinelli, el empresario Alan Faena y el promotor Francisco "Pancho" Dotto, entre otros.

En el reclamo por daños y perjuicios también fueron involucrados tres abogados y un escribano municipales (Bethel Rodríguez, Óscar Fernández, Horacio Bolani y Rafael Lazo) que intervinieron en el caso. Los funcionarios rechazaron la demanda y respondieron demandando que la familia pague los costos y los daños por involucrados.

"La Intendencia no promovió la expropiación del inmueble sino que comenzó a desconocer su naturaleza privada, es una conducta jurídica y moralmente violenta. Por eso se puede hablar de usurpación. En la contestación de la demanda, la Intendencia afirma sin fundamento que la propiedad es de dominio público. Pero la propiedad es privada desde 1810", dijo un integrante de la familia.

Los hermanos Miguel, Sara e Irene Teubal, reclaman "la naturaleza privada de toda la tierra comprendida en el padrón 929 de Edén Rock".

La familia pretende "cesar el perjuicio al derecho de propiedad" y que la justicia ordene a la Intendencia la emisión de las facturas de contribución inmobiliaria para así pagar los impuestos correspondientes.

El caso se remonta a 1991 cuando se presentó en la Intendencia de Maldonado una solicitud de fraccionamiento del predio. Dos años después, (16/3/1993), una abogada del municipio sostuvo que el terreno estaba en una franja fiscal, por lo que calificó la naturaleza pública de una parte de la tierra.

El planteo de la abogada municipal fue adoptado por la administración cuando el 21 de agosto de 1995 el entonces intendente Domingo Burgueño firmó una resolución por la cual se dejaron de emitir las planillas de contribución inmobiliaria del predio.

La medida fue calificada por los propietarios del predio como "un despojo" que lesionó "en forma arbitraria" el derecho de propiedad. Luego de idas y venidas, el 3 de noviembre de 2008, los ahora demandantes consultaron a la Intendencia si reconocía o no la condición de "propiedad privada". El mismo planteo fue efectuado el martes 28 de abril de 2009 durante una audiencia que el intendente Óscar de los Santos concedió a la familia. En esa ocasión, el jefe comunal se comprometió a efectuar una consulta a la Facultad de Derecho sobre este problema. Los demandantes no tienen conocimiento de que esto haya ocurrido, según lo consignaron en la demanda.

La familia asegura que la salida fiscal del predio fue efectuada en el año 1810, y que la franja fiscal de 150 metros de retiro desde el mar "nunca se aplicó, ni se aplica a la costa marítima". "La confusión, la inseguridad y el daño al derecho de propiedad fue creciendo a medida que en la Intendencia se produjeron inconcebibles planteos realizados por funcionarios en los expedientes administrativos ofrecidos como prueba. Esto se agravó con la suspensión de la emisión de las planillas de contribución, lo que terminó por impedir totalmente el uso, goce y la disposición del inmueble", se lee en la demanda.

La familia también cuestionó el hecho que la Intendencia haya designado para actuar a los mismos funcionarios que participaron en el expediente.

Afirman que desde del inicio hubo dos grupos de funcionarios en la intendencia: los que respetaron la ley y los que no.

"Para el juicio la Intendencia designó como abogados sólo a funcionarios que integraron el grupo que creó la ilícita situación", de acuerdo a la versión de los demandantes.

La disposición municipal, afirman los demandantes, "viola no solo el derecho civil sino también la Constitución y la declaración universal de los derechos humanos, en tanto éstas son normas que protegen el derecho de propiedad. Quiebra valores morales y carece de ética. A la luz del régimen legal de Uruguay es inevitable que la Intendencia pierda el juicio por usurpar una tierra que es de dominio privado y que pretende pase al dominio público sin respetar las leyes de expropiación. ¿Quién soportará los costos de este atropello? En última instancia lo soportarán los contribuyentes, los ciudadanos". afirman los demandantes.