Suprema Corte acotará manejo de dinero que incautan los juzgados

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Tras el procesamiento de Damasco, la Suprema Corte le quitará discrecionalidad a los jueces en el manejo del dinero incautado. Actuarias serán investigadas por las ordenes de pago firmadas con la exmagistrada, quien debe $ 550 mil al BROU.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunió ayer jueves para decidir medidas tras el procesamiento con prisión de la ministra del Tribunal de Apelaciones de 1° Turno, Anabella Damasco, por siete delitos de peculado, debido al retiro ilegal de unos US$ 55.000.

La Corporación judicial decidió ayer no aceptarle la renuncia a Damasco -lo cual puede desembocar en un sumario que le afecte la jubilación- y el inicio de una auditoría de todos los fondos incautados en el juzgado en el que actuaba la magistrada procesada.

"Hemos tenido seis casos de corrupción en 50 años y nunca se había dado el caso de que fuera ministro del Tribunal de Apelaciones", sostuvo el ministro de la SCJ Jorge Chediak. "La Corte demoró en detectarlo. Si bien nuestros mecanismos de control son razonables, debió saltar antes" agregó.

El ministro de la Corte Daniel Gutiérrez sostuvo que "es posible que se modifique el sistema de control de los jueces" tras este caso. Su par Jorge Ruibal Pino, afirmó a El País que se estudian "controles especiales sobre el dinero que reciben los jueces". Aunque reconoció que "no es fácil aplicarlos".

"Hasta hoy el control era el juez. Si le falla el hombre o la mujer, falla el control. Una posibilidad es establecer una auditoría a las cuentas" del Banco República con dinero decomisado, dijo.

El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, afirmó que "se trabajará en una suerte de protocolo" para controlar el modo como instrumentalmente los jueces disponen de ese dinero, producto de incautaciones realizadas en el marco de investigaciones penales. Oxandabarat dijo a El País que ese protocolo establecerá el plazo y la forma en que el magistrado deberá depositar los dineros decomisados. "La idea es quitarle discrecionalidad a los jueces en esa materia. Hoy éstos no tienen un plazo para realizar ese depósito", reiteró.

INVESTIGACIÓN. El juzgado especializado en crimen organizado continuará la investigación sobre las maniobras, lo que incluirá la actuación de dos actuarias que se desempeñaron en el juzgado penal a cargo de Damasco -una de ellas ahora jueza de Paz-.

Ambas funcionarias debían firmar junto con Damasco las órdenes de pago del dinero incautado por orden judicial, que incluyen la fecha y a quién se debe abonar el efectivo. Al menos una de esas órdenes estaba a nombre de la propia Damasco, por lo que la actuaria que la firmó será nuevamente interrogada al respecto, informaron fuentes del caso a El País.

Las funcionarias declararon que firmaron las órdenes de pago en confianza y en su testimonio Damasco les quitó toda responsabilidad en la sustracción del dinero, por lo que la fiscal interviniente Mónica Ferrero decidió no solicitar su procesamiento, aunque el tema no está cerrado.

La indagatoria judicial llevada adelante por el juez Jorge Díaz y Ferrero, incluyó recabar la información sobre movimientos bancarios y deudas de Damasco. De allí surgió que tiene una deuda de $ 555.000 por créditos sociales con el Banco República (BROU), además de mantener deudas con la Caja de Profesionales y el Fondo de Solidaridad que pagan los graduados de la Universidad de la República, dijeron fuentes del caso a El País.

La investigación contiene la denuncia del retiro irregular de dinero en dos expedientes judiciales, a los que Díaz y Ferrero le añadieron lo extraído del efectivo incautado de la operación Campanita, para lo que analizaron 17 cuentas bancarias. La intención de los magistrados actuantes es que, si de la auditoría que realizará la Corte del período en que Damasco estuvo al frente del Juzgado penal de 14° Turno surgen nuevas ilegalidades, se investiguen en un expediente separado, para que no se enlentezca el sumario, que prevén será breve, añadieron las fuentes.

Un párrafo de la renuncia de Damasco señala: "En conocimiento de la gravedad de los hechos investigados estimo que no existe explicación racional que justifica ese manejo (de los fondos) y debo asumir la responsabilidad de mis errores pese a que en el momento de hacerlos consideré que, aunque equivocados, era la mejor decisión que podía tomar".

Anabella Damasco es la única reclusa de una dependencia del Regimiento de la Guardia Republicana, que está ubicada en el barrio Cordón.

Ayer jueves, poco después de la hora 17:00, fue a visitarla a ese lugar su abogada, la defensora de oficio Verónica Acuña, quien se retiró poco después en un taxi sin hacer declaraciones.

Posteriormente entraron cuatro jóvenes (tres hombres y una mujer), que fuentes policiales indicaron son sus hijos, y luego otra mujer. Trajeron un bolso con ropa y otros implementos para Damasco, que cumple su arresto en el primer piso de ese edificio de la Guardia Republicana. Todos se retiraron poco después de la hora 19:00, cuando finalizó el horario de visita marcado, en dos taxis que los aguardaban en la puerta de la Republicana y sin emitir comentarios a los pocos medios de comunicación presentes.

El Ministerio del Interior estudia dónde cumplirá la ex jueza su reclusión definitiva.