Jueces con mucho poder y poco control de la Corte

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) casi no ejerce control administrativo sobre los jueces penales. Las cuentas donde se deposita el dinero incautado no son auditadas, y el único registro que se lleva es el saldo mensual que envía el BROU.

El Código del Proceso Penal (CPP) vigente en Uruguay es inquisitivo, lo que implica que es el juez quien dirige la investigación, dispone procesamientos y condena o absuelve al finalizar el proceso judicial.

Los magistrados tienen una absoluta independencia técnica de la SCJ. El único medio para controlar la actuación jurisdiccional de los jueces es la apelación de sus decisiones y que, incluso, sus pronunciamientos pueden llegar a estudio de la SCJ, que tendrá la palabra en la tercera y última instancia del proceso.

La independencia técnica de los magistrados está postulada en la ley de la Judicatura (15.750) vigente desde 1985, que en su artículo 1° establece: "El Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo son independientes de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones".

A su vez, el artículo 4° de la norma, prevé para todos los jueces (no sólo los penales) la posibilidad de dar intervención a la Policía con el objetivo de que se cumplan sus fallos.

"Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar los demás actos que decreten, pueden los tribunales requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de acción conducentes de que dispongan", dice la ley.

INSPECCIONES. A nivel administrativo, los jueces penales están sometidos a controles de la SCJ que no son muy exhaustivos y que se realizan en cada juzgado solamente una vez al año o cada dos años.

Los inspectores, que dependen de la División de Servicios Inspectivos de la SCJ, concurren a las sedes y controlan desde el cumplimiento de los plazos para el dictado de resoluciones y hasta la asistencia de los funcionarios, explicó a El País el actuario de un juzgado penal de Montevideo.

Además, todos los meses, los juzgados deben enviar a la SCJ una nómina con la lista de las sentencias dictadas y los expedientes que están en plazo para emitir resolución.

En forma semestral, todos los juzgados deben informar a la Corporación sobre el trámite de los casos en calidad de presumario (en los cuales no hay resolución de procesamiento), ya que si bien no hay un plazo para la extensión del presumario, se busca que su duración sea lo menor posible.

El vocero de la Corporación, Raúl Oxandabarat, dijo a El País que las características de los controles a los jueces penales son producto "de la naturaleza del propio sistema judicial, que necesita que los magistrados puedan obrar con absoluta independencia, y si hay otra persona que controle o dé el visto bueno a las cosas que hace, el juez estaría sujeto a la autoridad de otro funcionario".

Por eso, Oxandabarat explicó que es "muy delicado" determinar los aspectos en los cuales se puede intervenir en la gestión de los juzgados.

LAS CUENTAS. En relación a lo que prácticamente no hay controles, es en cuanto a las cuentas bancarias en las que se deposita el dinero incautado en las investigaciones judiciales.

En cada caso donde se incauta dinero, ese monto es ingresado a una cuenta a nombre del expediente en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Esos fondos quedan a disposición del juez, que al finalizar el proceso, deberá decidir si los reintegra a su propietario o los decomisa y en tal caso serán derivados a Rentas Generales o a la Junta Nacional de Drogas, en casos de narcotráfico.

El actuario consultado, y que pidió reserva de su nombre, dijo que sobre las cuentas bancarias "no hay ningún control". Agregó que una vez por mes el BROU envía a cada juzgado la información con el saldo de cada cuenta.

"Control, lo que se dice control, no hay, pero eso no significa que haya descontrol", dijo el funcionario, que tiene amplia experiencia como actuario en la órbita penal.

MUCHO PodER. Consultado sobre la gestión de cuentas bancarias con fondos incautados, el exministro de la SCJ y catedrático penalista Milton Cairoli opinó que "sería bueno" que el tema fuera manejado por la Corporación de forma tal que el resguardo de los fondos no dependa únicamente del juez.

Así, para Cairoli, el manejo del dinero debería quedar en manos de la División Contaduría de la SCJ o alguna otra oficina especializada. El exministro agregó que sería bueno que el dinero se pueda mover "con la firma de varias personas".

"Para la tranquilidad de todo el Poder Judicial y la propia Suprema Corte de Justicia sería bueno cambiar el manejo de dinero", expresó Cairoli, quien ejerció como magistrado durante más de 40 años.

Por su parte, Raúl Vázquez, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), cuestionó que los magistrados tienen "demasiado poder".

"Los jueces tienen que tener libertad e independencia técnica, pero el hecho de auditar las cuentas del dinero incautado no tiene nada que ver con la independencia técnica de los magistrados", señaló.

"Sería bueno auditar todos los juzgados penales", dijo Vázquez. A criterio del dirigente gremial, la Corporación "tendría que buscar mecanismos que protejan a los justiciables".

Según el Índice Factum de Imagen, la confianza en las instituciones cayó en Uruguay entre junio de 2010 y junio de 2011.

El Poder Judicial ocupa el cuarto lugar entre las instituciones más confiables.

El primer lugar en el Índice Factum de Imagen lo ocupan los bancos (56 puntos) como la institución más confiables, seguidos por el Parlamento (44), la Policía (42) y la Justicia (41). Más atrás aparece un grupo integrado por los empresarios (37), la Iglesia Católica (36) y las Fuerzas Armadas (34). Y en el grupo de los de menos confianza, figuran los partidos políticos (27) y los sindicatos (24).

Los que tienen más confianza en el Poder Judicial son los votantes del Frente Amplio y las personas de nivel socioeconómico alto o medio.

Todas las instituciones relevadas han perdido confianza en la población, medidos en términos del Índice Factum de Imagen la pérdida promedio es de 9 puntos. El Parlamento y la Policía son las instituciones que han tenido una pérdida mayor.