Denuncia por casos de tortura en 1975

Agresiones sexuales, submarino, aplicación de picana, golpizas y privación del sueño durante semanas. Esas son algunas de las situaciones que un grupo de 90 expresos políticos pertenecientes al Partido Comunista denunció ayer ante la Justicia, a la que pidió indagar a más de 100 represores por el delito de "tortura".

La denuncia pide investigar la denominada "Operación Morgan", que en 1975 llevaron a cabo el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) contra dirigentes y militantes comunistas.

La acción, patrocinada por los abogados Jorge Pan y Martín Fernández del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), recayó en el juez penal Nelson Dos Santos y el fiscal Juan Gómez.

"Las situaciones vividas han dejado secuelas muy complejas en los denunciantes. Realmente los relatos son conmovedores y creo que es de destacar la dignidad que han tenido al presentar la denuncia", dijo Fernández a El País.

Entre los denunciados se encuentran varios de los exmilitares recluidos en la cárcel de Domingo Arenas, a la vez que también figuran médicos y enfermeros de Sanidad Militar, que indicaban hasta qué momento aplicar los apremios físicos, indicó el abogado de Ielsur.

Fernández destacó que por ley, desde 2006, en Uruguay el delito de "tortura" es un delito de lesa humanidad y en tal condición no prescribe ni tampoco puede ser objeto de amnistía.

También ayer, 23 expresos políticos del departamento de Treinta y Tres presentaron una denuncia pidiendo investigar los abusos registrados en 1975 en una unidad militar local.

ARCHIVO. Hoy, 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían los delitos de la dictadura según la interpretación jurídica mayoritaria, las defensas de militares indagados pedirán el archivo de los casos que están en presumario, es decir, sin ningún procesamiento.

Cuando los jueces desestimen esos pedidos en base a la ley aprobada la semana pasada que dejó sin efecto los plazos de prescripción de los ilícitos, los militares reclamarán la inconstitucionalidad de la norma.