Correo

Pese a los proyectos y promesas en contrario, la Administración Nacional de Correos (ANC) sigue perdiendo el dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Según una auditoría del Tribunal de Cuentas, en los últimos ocho años la ANC requirió una ayuda financiera de más de 100 millones de dólares. En 2010 presentó un patrimonio negativo de 10 millones de dólares. Tan abultado déficit se produjo incluso después que el Correo accedió al reparto de facturas de empresas estatales como UTE, Antel y OSE.

Un decreto del pasado gobierno lo habilitó a distribuir facturas oficiales lo que, según se dijo, debía terminar con el déficit endémico del organismo. Nada de eso ocurrió sino que, por el contrario, la ANC sigue exigiendo fondos de la administración central para subsistir. Tan negativo estado de cosas contrasta con los anuncios optimistas de sus autoridades sobre el crecimiento de la empresa y la calidad de sus servicios.

Si bien es cierto que el correo oficial debe atender localidades de hasta 500 habitantes en donde no se obtiene ninguna rentabilidad, ello no justifica un volumen de pérdidas de tal magnitud. La reacción de los responsables de ANC es reclamar una ley postal que los proteja de la competencia del sector privado, es decir, orientarse a la creación de un monopolio estatal aun más ineficiente. Está claro que de esa manera equivocan el camino y que lo aconsejable es que mejoren sus prestaciones y su productividad. También podrían eliminar gastos superfluos como el patrocinio de ciertas actividades que nada tienen que ver con el correo.

Lo peor del caso es que además de tener déficit el funcionamiento del correo dista de ser un dechado de virtudes.