La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal civil Enrique Viana contra el Tratado de Inversiones entre Uruguay y Suiza y contra la norma por la cual el Estado uruguayo se adhirió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En el recurso, presentado en septiembre de 2010, Viana planteó que las leyes lesionan "la soberanía nacional" y el "orden público interno".
Una presunta violación por parte de Uruguay al Tratado de Inversiones con Suiza por las políticas antitabaco impulsadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez, es el principal argumento por el cual la tabacalera Philip Morris presentó una demanda que actualmente se está procesando en el Ciadi.
La mayoría de la SCJ, con los votos de cuatro de sus cinco ministros (Jorge Ruibal Pino, Daniel Gutiérrez Proto, Jorge Larrieux y Jorge Chediak), entendió que el fiscal Viana no tiene legitimidad para reclamar la inconstitucionalidad de ambas leyes.
Por su lado, el presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, opinó que el representante del Ministerio Público está legitimado para presentar el recurso, pero consideró que, en cuanto al tema de fondo, no tiene razón.
Para Van Rompaey, "de ningún modo" el Tratado de Inversiones con Suiza y la ley que aprobó los mecanismos previstos en el Ciadi implican para Uruguay "un abandono de la soberanía nacional", tal como lo planteó Viana.