Ancap reconoció ingreso a predios sin la autorización correspondiente

En un expediente judicial, Ancap reconoció que intentó ingresar a realizar perforaciones en predios rurales de Cerro Largo sin las autorizaciones que corresponden.

El viernes 14, pequeños productores arachanes -en la zona fronteriza con Brasil- resistieron el ingreso de maquinaria y funcionarios de Ancap que pretendían realizar prospección en busca de carbón.

Con el respaldo de la Federación Rural, estos productores presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Civil de 4° Turno de Cerro Largo, en la que señalaron que no autorizaron a Ancap a ingresar a sus predios y que el ente no contaba con la servidumbre de estudio que otorga la Dirección Nacional de Minería (Dinamige), que se exige para poder realizar estas tareas.

En el expediente judicial, Ancap asumió la obligación de no ingresar a estos inmuebles "hasta tanto no se dicte y notifique en forma la resolución de Dinamige otorgando la servidumbre de estudio correspondiente".

"Ancap está realizando las gestiones pertinentes a efectos de la obtención de las servidumbres de marras", argumentaron los representantes del ente.

Agregaron que "al contar con la autorización de los superficiarios fue que se manejó ingresar a los predios sin el trámite respectivo".

Para realizar una prospección, tanto empresas públicas como privadas necesitan la habilitación del Poder Ejecutivo primero y la servidumbre de estudios que da la Dinamige.

Además, los propietarios de los terrenos afectados por prospecciones tienen la posibilidad de presentar recursos, si están en desacuerdo con que sus tierras sean sometidas a estos procedimientos.

Los cinco colonos visitados por técnicos de Ancap residen en predios ubicados en el paraje Paso de Melo de Cerro Largo, a poca distancia del río Yaguarón, que limita Uruguay con Brasil.

Manual. El diputado nacionalista Álvaro Delgado (Aire Fresco) elabora un borrador de lo que considera debería ser un manual a repartir entre productores, que incluya información sobre la minería y los derechos que tienen cuando se intenta hacer obras en sus predios.

El legislador consideró que el Estado debería hacer esta tarea y planteará el tema al Poder Ejecutivo.

"Ante 27 mil denuncias de padrones en todo el país, una serie de acciones poco ortodoxas o no ajustadas a procedimientos y la desinformación de muchos productores, el Estado debería establecer una cartilla o manual que establezca cuáles son los derechos de productores ante requerimientos de empresas mineras", afirmó Delgado. Agregó que este manual debe incluir los procedimientos a cumplir por parte de las mineras y los recursos que los productores pueden interponer.