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DANIEL ISGLEAS

Entre hoy y mañana, el Frente Amplio dejará sin efecto, en los hechos, la ley de Caducidad y declarará la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura. La oposición no votará y los retirados militares anuncian acciones legales.

En el mes de mayo, el Senado y Diputados discutieron durante dos días, con más de 20 discursos en la Cámara Alta y 63 en la Baja, sobre un proyecto de ley que pretendía la anulación de la ley 15.848, de Caducidad, iniciativa que fracasó por diferencias internas en el Frente Amplio, en el recordado episodio donde el diputado Víctor Semproni no dio su voto.

En sesiones que se harán hoy y mañana, seguramente con la misma locuacidad, ambas ramas del Parlamento terminarán por sancionar una ley presentada por la bancada del Frente Amplio y con apoyo de su estructura orgánica por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura, declarándolos como crímenes contra la humanidad.

El Senado se reunirá a partir de las 9.30 de hoy y prevé sesionar hasta las 20 horas, en tanto Diputados comenzará el tratamiento del proyecto mañana miércoles a las 14 horas sin hora de finalización, en una sesión que se espera que tenga las barras colmadas.

Con ambas sesiones maratónicas, el Frente Amplio espera poder sancionar la ley y que sea promulgada por el Poder Ejecutivo antes del martes 1° de noviembre (ver nota aparte).

A esta ley la oposición la califica como "lamentable" e "innecesaria".

A la vez, la ley provocará la reacción de los militares retirados, quienes ayer decidieron iniciar acciones judiciales contra exmiembros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y otros grupos armados de los años 60 y 70 en virtud de que consideran que a partir de la ley caerán "las dos amnistías", la de los militares y la de los grupos armados.

dos plebiscitos. El Directorio del Partido Nacional decidió no votar porque considera que la iniciativa "reedita la anulación de la ley de Caducidad", lo cual sería "birlar la voluntad ciudadana expresada en dos plebiscitos", dijo a El País el presidente del cuerpo, senador Luis Alberto Heber.

"No hay que votar ninguna ley que obligue al Poder Judicial a actuar. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen que hacer nada al respecto, sino esperar que los jueces determinen aplicar los fallos de la Corte Interamericana", sostuvo Heber, en un anticipo de lo que será su intervención de hoy.

El Directorio nacionalista aprobó una declaración en la que sostiene que Uruguay, al adherir al Tratado de Roma en 2002 "incorporó a nuestro Derecho los delitos de lesa humanidad así como su imprescriptibilidad, correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia definir el alcance de la aplicación del Tratado".

También se afirma que la ley de Caducidad "no impide ni coarta la búsqueda de la verdad". Esa declaración será la base de la intervención de sus senadores.

A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ratificó en su sesión de ayer su posición de rechazar el proyecto de ley del Frente Amplio al considerar que el mismo "pretende ir en contra del pronunciamiento popular derogando con efecto retroactivo la ley de Caducidad", dijo en una declaración.

El Partido Independiente tampoco acompañará con su voto esta ley en Diputados. Su presidente, Pablo Mieres, explicó que "el proyecto viola normas constitucionales al establecer un efecto retroactivo" y "califica delitos como de lesa humanidad cuando esa tarea corresponde al juez".

"Nos parece un mal proyecto, que reitera una discusión que dio el Parlamento en mayo, que vulnera dos pronunciamientos del soberano, y que va en contra de principios jurídicos y constitucionales", sostuvo el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, al comentar la instancia que se vivirá hoy.

La sesión de hoy en el Senado "será lamentable", pronosticó Larrañaga porque "vamos a seguir discutiendo del pasado".

El senador oficialista Rafael Michelini declaró a El País que los expertos juristas piden que se cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a remover los obstáculos de las investigaciones sobre derechos humanos.

"La pregunta es si este proyecto de ley cumple con remover algunos obstáculos y yo creo que sí", dijo.

AMNISTÍAS. Por su parte, el plenario de instituciones sociales de militares activos y retirados analizó ayer la situación que se creará con esta ley.

El presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrez, dijo a El País que al haberse comprobado que el Pacto de San José y la sentencia Gelman no admiten amnistías, vamos a comenzar a hacer algo con pesar, que es realizar denuncias a las personas responsables de delitos no juzgados. Son 34 personas que cometieron delito de sangre y nunca fueron juzgadas", anunció.

"Algún exguerrillero le va a tener que explicar a sus nietos porqué mató", dijo.

Cedrez criticó los trabajos de remoción en el batallón de Infantería 14. "Nosotros no tenemos garantías sobre el trabajo de los antropólogos. Nos da que pensar la casualidad del hallazgo. Está por salir una ley y aparece otro cuerpo", indicó.

La senadora Lucía Topolansky pareció anticipar esta movida de los retirados militares cuando dijo estar de acuerdo con que existan "casos particulares" de personas acusadas de crímenes durante el conflicto armado que nunca hayan sido juzgadas. Esas personas, según la senadora oficialista, "no son asesinos, estábamos en una lucha. Había una lucha y cuando vos peleas con armas en la mano matás o morís".

"Una cosa es una organización política que en el acierto o en el error transita la vía armada y otra cosa es utilizar el aparato del Estado, con todo su poder", precisó la senadora en una entrevista con "A dónde vamos", una publicación del diputado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay).

VÍNCULO. Ayer, tras haber sufrido un atentado en su sede con una bomba molotov, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) relacionó ese hecho con la aparición de los restos óseos encontrados en el batallón 14 y "la lucha contra la impunidad por parte del Frente Amplio", según se indicó en un comunicado de prensa.

El 1° de noviembre como fecha tope para juzgar los delitos cometidos durante la dictadura surge al computarse el plazo máximo de 26 años y ocho meses a partir del

1° de marzo de 1985, fecha en que asume el primer gobierno democrático a la salida del régimen militar. Según el Código Penal (CP, art. 117), los homicidios prescriben

(se extinguen) después de 20 años; pero es posible, en circunstancias que prevé la ley (CP, art. 123), ampliar ese tope en un tercio, y así se llega al máximo de 26 años y ocho meses, período que se cumple el próximo

1° de noviembre. En cambio, los denominados delitos "de lesa humanidad", que fueron incorporados a la legislación uruguaya en 2006, no prescriben.

El pasado mes de mayo,

la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión por 28 "homicidios muy especialmente agravados", descartando la imputación de la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó por "desaparición forzada", una figura que encuadra en los delitos de lesa humanidad.

Si bien la SCJ no se pronunció sobre los plazos de prescripción, su posición sirve de sustento para la tesis jurídica según la cual esos crímenes no podrían ser juzgados más allá del 1° de noviembre. Si la Corporación hubiera avalado el pedido de la fiscal Guianze y condenaba a Gavazzo y Arab por "desaparición forzada", ello habría cobrado especial relevancia desde el punto de vista jurisprudencial, por cuanto se considerarían los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

La sentencia de la SCJ que desestimó aplicar el delito de "desaparición forzada" se basó en el principio de la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del CP. El único ministro de la SCJ que se pronunció a favor del criterio de la fiscal Guianze, fue Leslie Van Rompaey.

El equipo de antropólogos que dirige José López Mazz prevé tomar esta semana las muestras óseas del esqueleto hallado el viernes 21 en un predio del Batallón 14 de la localidad de Toledo, en el marco de excavaciones dispuestas dentro de la investigación judicial por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976.

Fuentes oficiales dijeron a El País que el objetivo del grupo de técnicos es tomar la muestra en los próximos días, aunque primero el esqueleto requiere un proceso de limpieza y recalsificación que ya está en curso.

Asimismo, el equipo de expertos realizará estudios antropométricos y antropomórficos, que también serán una fase previa a los estudios de laboratorio, que arrojarán un perfil genético de los restos hallados.

Las fuentes dijeron que se prevé la participación de un laboratorio uruguayo y otro argentino (de Córdoba), el cual ya intervino en los procesos de identificación de los restos de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa a fines de 2005.

Además, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz ya trabaja con la organización de Familiares de Desaparecidos para incorporar la información que falta al banco genético con el cual se cotejarán los restos encontrados en el Batallón 14, una vez que esté disponible el perfil genético.

Si bien el sábado, una vez removido el esqueleto, López Mazz informó que había sido trasladado al laboratorio de la Facultad de Humanidades, las fuentes dijeron que en realidad se encuentra "en un lugar secreto", por orden del juez Pedro Salazar, a cargo del caso Gelman.

EXPECTATIVA. Macarena Gelman, hija de la joven argentina desaparecida en 1976, dijo ayer que tiene "mucha expectativa" ante el nuevo hallazgo de restos en el Batallón 14, y destacó la labor del grupo de expertos que realiza la búsqueda.

"Lo importante es mantener la prudencia porque hay que entender que estas instancias generan mucha ansiedad en los familiares. Sea quien sea es algo muy duro y merece un tratamiento adecuado", sostuvo.

Agregó que "las cosas se están manejando mejor que en las últimas veces en el sentido de las precauciones". En 2005, Macarena Gelman fue llevada hasta una zona del Batallón 14 y se le informó que allí estaba sepultada su madre. Sin embargo, no aparecieron los restos.