Gustavo Penadés
El sindicato de profesores de Secundaria denunció que el 80 por ciento de los liceos presentan problemas que alteran el normal dictado de las clases.
Suponiendo que el porcentaje no fuera ese, sino uno mucho menor -digamos un 30 por ciento- igualmente estaríamos ante un problema de enorme gravedad.
La explicación a ese estado de cosas no es otra que la incapacidad para gestionar con un mínimo de solvencia la enorme cantidad de dinero que la sociedad canaliza a la educación pública. Este es el centro del problema.
Y, si el Frente Amplio no fue capaz en siete años de esbozar un plan de mantenimiento de los centros educativos es imposible que esté en condiciones de poner a la Educación en un camino de mejora.
Quedó demostrado que de nada sirve el dinero y el personal que se inyecta al sistema si no se administran correctamente los mismos. El modelo está agotado y es imperioso proceder a una reingeniería profunda del sistema.
Toda otra cosa son nada más que palabras, que se vienen escuchando desde que Tabaré Vázquez asumió en 2005.
Cada año las autoridades del Codicen y de los consejos dicen más o menos las mismas cosas, y también cada año piden más dinero para nuevas ideas y programas en los que depositan sus esperanzas. Esos proyectos, que siempre conllevan más dinero y gente, no logran resolver siquiera cosas tan sencillas y básicas como que existan porteros en los liceos.
Parece mentira pero desde hace años la figura del portero, aquel responsable que miraba quién entraba y salía del liceo ya no existe. Tampoco se está en condiciones de asegurar un mínimo de seguridad dentro y en el entorno cercano de los liceos. ¿Estos son temas importantes o no? Si el Estado no es capaz de imponer normas de respeto y convivencia en un liceo público: ¿las podrá imponer en la calle? Pero, tampoco está bien visto por el gobierno de la Educación que los profesores y directores ejerzan su autoridad. Se desconfía del sentido común de los docentes, y se obliga a públicos y privados a complejos procedimientos destinados a evitar "desbordes autoritarios", poniendo así bajo sospecha a los profesionales de la educación, a los que están en la línea y que terminan siendo controlados desde un escritorio en la Ciudad Vieja.
Por aquello de que "quien es fiel en lo poco es fiel lo mucho", creemos que en los próximos años, de seguir las cosas como están, la educación pública estará mucho peor y la privada, por influencia de la pública, también.
La realidad se impone y llegó el momento en que hay que tomar decisiones serias.
Si el gobierno habla con sinceridad y cree, como nosotros, que la educación pública y la privada son los verdaderos instrumentos de inclusión, integración, equidad y progreso social debe actuar con rapidez y firmeza. La situación no da para más.