Intromisión del Estado

Ya se convirtió en frase hecha, aquello de que pagamos impuestos suizos pero para tener servicios africanos. Una cruda realidad a la que los ciudadanos uruguayos parecemos fatalmente resignados y que ahora se ve agravada por una nueva situación. El cada vez más notorio avance policíaco del gobierno, de maneras varias, (levantamiento del secreto bancario, los pagos por tarjetas de crédito), sobre la ciudadanía. Comenzó en la anterior Administración y desde entonces va in crescendo. Hay más de una forma de vehiculizar esta estrategia, como se observa al ver la amplitud de las preguntas, individualizadas con nombre y apellido, (a no ser que el entrevistado sepa que puede no darlo) del censo muy particular que se está llevando a cabo desde hace varias semanas. Aun cuando si de una fotografía de la población se trata, con el paso del tiempo la toma, tiene buenas chances de salir "corrida".

El otro gran instrumento es el equipo de la Dirección Impositiva, (DGI) a la que se reformó y se le mejoraron los recursos para que pudiera ser más eficaz. Pero en cambio, las otras reformas de las que se habló y que gran falta hacen para mejorar la eficacia del Estado y disminuir su altísimo costo. ( salud, educación, seguridad y un largo etcétera) no solo no han ocurrido, sino que poco o nada se ha mejorado, mientras la voracidad fiscal parece no tener límites. Y la gran burla es que inclusive, a pesar de contar con más presupuesto y mejores salarios, les imponen a los privados que hagan la labor de pesquisa por su cuenta y riesgo, obligándoles a traicionar la confianza depositada en ellos por la gente.

El año pasado lo hicieron con las inmobiliarias, los escribanos y las automotoras, exigiendo que les informen sobre sus operaciones y sobre sus clientes y para justificar labores detectivescas siempre viene muy bien lo de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Y ahora, para "conocer la capacidad contributiva" hicieron una nueva resolución intimando a colegios privados y clubes deportivos para que den el nombre de los clientes que pagan por mes, arriba de cierta cifra que parece elevada a primera vista pero se puede llegar fácilmente a ella si hay varios hijos. Es tan flagrante el abuso, el no respeto por la privacidad de las personas y la violación a la intimidad, que en base a los fundamentos jurídicos de sus asesores letrados, varios han iniciado trámites de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero como esto no tiene efecto suspensivo, mientras se dilucida jurídicamente la cuestión, la DGI tan tranquila. Y cómo no va a estarlo, con los tiempos que se toma. Como lo explicara claramente la otra mañana en un programa periodístico, el Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga, abogado patrocinante de un club que ha impugnado la resolución, un cliente suyo empezó con recursos ante el TCA en 1997, obtuvo la demanda de nulidad y catorce años después, todavía no se le restituyó su dinero. Además, como la DGi no acata los fallos, han tenido que iniciarle un juicio para cobrar.

Cabría preguntarse si el afán de los burócratas de la DGI será para compensar con una justa deducción en sus impuestos, a la gente que paga de su peculio por la educación o los deportes, en lugar de cargar al Estado con sus necesidades, procurándole a éste un ahorro que podrá volcar en los más necesitados. Más allá de que a la vez contribuya con el pago de sus tributos, al sustento de la enseñanza pública. Y no se trata de una chanza, si se tiene en cuenta que en todos los países donde se cobra el impuesto a la renta (IRPF), - argumento con el que machacan- el verdadero y no a los ingresos, como es el invento local, estos gastos, así como los de salud, de vivienda y otros, son deducibles de impuesto. La determinación de la DGI, fue avalada por un organismo administrativo, (URCDP), pero no por la justicia. De acuerdo a lo expresado muy documentadamente por el Dr. Daniel Hugo Martins, la resolución es ilegal e inconstitucional, pues se trata de una imposición a terceros, absolutamente ajenos a cualquier obligación tributaria que pudieran tener sus usuarios o clientes y viola varios artículos del propio código tributario.