El diputado nacionalista Gerardo Amarilla envió una carta al ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, planteándole que sería "muy oportuna" su concurrencia a la Comisión de Salud de la cámara baja a fin de que el secretario de Estado explique su posición en torno al uso del Misoprostol con fines abortivos.
En recientes declaraciones públicas, Venegas y el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, coincidieron en que sería positivo garantizar el acceso del fármaco (que originalmente se utiliza para tratar úlseras gástricas) a las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos.
El legislador nacionalista recuerda que el aborto es un delito castigado por el Código Penal (en sus artículos 325 a 328) y que la Constitución, en su artículo 7, establece que "los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida".
"Una declaración o acción de parte de jerarcas del Estado uruguayo y que pretenda desconocer ese marco normativo, ignorándolo y hasta promoviendo su incumplimiento, además de considerarlo injusto, resulta claramente ilegítimo", señala Amarilla en la carta.
El legislador agrega que los "actores públicos" deberían tener presente, a la hora de realizar ciertas declaraciones, que el Código Penal castiga la instigación pública a delinquir y la apología de hechos delictivos.
Amarilla también señala que los abortos producidos por el Misoprostol sin el debido control médico, suelen tener efectos negativos para la mujer, como náuseas, vómitos, temblores, dolor abdominal y fiebre.
"Los abortos producidos por el Misosprostol, con frecuencia suelen ser incompletos, es decir no existe una expulsión total del contenido uterino, dando lugar a intervencionismo médico y eventuales maniobras invasivas con sus eventuales complicaciones que podrán requerir hospitalización", añade el diputado.