Patente única: quienes se aparten recibirán 40% menos de partidas

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Las intendencias que se aparten de la patente única recibirán un 40% menos de las partidas del gobierno central. Una parte de la oposición considera que se trata de una "tremenda inconstitucionalidad"; la otra está de acuerdo con el sistema único.

La sanción fue acordada en enero por los jefes comunales a propuesta del gobierno. Sin embargo, en el inicio de la discusión parlamentaria hay diferencias dentro de la oposición a pesar de lo convenido.

"Los gobiernos departamentales que no se adhieran al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) (...) podrán acceder únicamente a seis décimos del monto que les corresponda de las partidas" que prevé la Constitución para las intendencias, según establece el artículo 8 del proyecto de ley que con "urgente consideración" está tratando la Cámara de Representantes.

Por imperio del artículo 214 de la Constitución, el gobierno central distribuye parte de los recursos del Estado entre los gobiernos departamentales, quienes deben rendir cuentas anualmente.

Se trata de una penalización que acordaron los jefes comunales a propuesta del gobierno. En los hechos determinaría que varias intendencias perdieran gran parte de sus ingresos en caso de incumplir con la ley; para algunas de ellas las partidas del gobierno central equivalen al 50% de su presupuesto.

"Esos son recursos que le corresponden a cada Intendencia. ¿Cómo van a sancionar? ¿Dónde está la autonomía? ¿Quién es el Poder Ejecutivo para sancionar un municipio?", se preguntó Juan Chiruchi, actual senador y quien fuera cuatro veces intendente de San José.

"Los municipios que han gestionado bien tienen que aumentar la patente. San José pudo bajar la patente porque su presupuesto está equilibrado. Si las casas de Montevideo tuvieran rueditas pagarían contribución en el interior porque están en el lugar más caro del mundo. Esto es claramente inconstitucional", remarcó Chiruchi.

Ayer el directorio del Partido Nacional resolvió crear una comisión para estudiar los efectos del Sucive. Participarán dos representantes de Alianza Nacional, dos de Unidad Nacional, (UNA) tres intendentes y un edil en nombre de los legisladores departamentales blancos.

El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, señaló que la agrupación aún no definió una posición sobre el punto. Destacó que darán "respaldo a los intendentes", al tiempo que defenderán la patente única. Advirtió que el objetivo es que "el contribuyente deje de ser rehén de la guerra de patentes".

Por otro lado, advirtió que la retención del 40% de las partidas es "un régimen pactado" entre los jefes comunales y el gobierno sobre el que "más adelante" Alianza tomará una posición definitiva.

Larrañaga mencionó que ya hay antecedentes sobre la redistribución de montos asignados a las intendencias. Recordó que en los acuerdos para financiar caminería rural entre el gobierno, las intendencias y el BID, las comunas que no cumplían con el convenio perdían "kilómetros" en favor de las que sí lo hacían.

Chiruchi y otro representante de la UNA integrarán la comisión. Por Alianza Nacional estarán el diputado Pablo Iturralde y el senador Eber Da Rosa, exintendente de Tacuarembó, quien adelantó su posición favorable al proyecto.

Por su parte, el colorado Tabaré Viera, senador de Propuesta Batllista (Proba) y exintendente de Rivera, se manifestó contrario al proyecto aunque su sector no definió posición. "Para muchas intendencias la mitad de sus ingresos proviene de los recursos nacionales", aseveró Viera.

"Esto es flagrantemente inconstitucional, por una ley se viola la Constitución y el gobierno priva de sus fondos al pueblo de los departamentos", señaló Viera a El País.

La agrupación de gobierno de Proba se reunirá el próximo sábado en Rivera para tomar una definición sobre el Sucive.

Viera manifestará su desacuerdo con la "sanción que implica la quita del 40% de las partidas" aunque defenderá artículos que considera "positivos" de la ley.

Sin embargo, los votos en el Senado de Vamos Uruguay serán favorables al Sucive, según consignó El País el intendente de Salto, Germán Coutinho, que ayer analizó el tema junto a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado. "En el mes de enero, cuando el Congreso de Intendentes, apoyó el proyecto, todos los intendentes estuvieron de acuerdo, nadie fue obligado", dijo el jefe comunal salteño.

"Lo del 40% de las partidas es un problema individual. La presión la pusimos nosotros mismos. Fue una sanción en la que todos los intendentes estuvimos de acuerdo", aseveró el intendente Coutinho.

El jefe comunal advirtió que en ocasiones anteriores se alcanzaron acuerdos en el CNI que no se cumplieron. "¿De qué manera evitamos los errores anteriores? Una forma es aplicando sanciones", afirmó.

Algunos diputados de Vamos, como el representante por Colonia Daniel Bianchi, están en contra del proyecto. El legislador afirmó que la ley es para favorecer a Montevideo y Canelones que están "desfinanciadas por la presión que ejercen los respectivos sindicatos".

Los colorados tiene decidido buscar cambiar algunos artículos de la ley pero sin cambiar sustancialmente el proyecto original. El proyecto de ley, que en la actualidad está a estudio de la Cámara de Representantes, lleva el rótulo de "urgente consideración".

El gobierno salió a defender vigorosamente su proyecto de patente única nacional, que se encuentra a estudio del Parlamento, por medio del prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien afirmó que la ausencia de razones en la oposición para rechazar la ley los lleva a hablar de inconstitucionalidades.

"El gobierno se ha mantenido en silencio en estos días porque cuando el presidente concurrió al Congreso de Intendentes se aprobó este proyecto por unanimidad, y dijimos que esperábamos que el Parlamento estuviese a la altura histórica y de acuerdo con la grandeza que todos los intendentes de todos los partidos demostraron", dijo Cánepa tras la finalización de la reunión del Consejo de Ministros.

Pero añadió que si bien "es legítimo" que se planteen discrepancias como sucede ahora desde el Partido Nacional, consideró que "cuando no se tienen argumentos, no se tienen razones, normalmente el primer argumento que se pone es el de la inconstitucionalidad".

Se mostró molesto con este planteo de la oposición cuando afirmó que "este debe ser uno de los pocos países del mundo en el que todos los temas terminan en una discusión sobre inconstitucionalidad".

"Quien define eso es la Suprema Corte de Justicia. No somos ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo quien lo hace", añadió.

Por eso, declaró que "si hay alguien con un interés directo, personal y legítimo de reclamar por la inconstitucionalidad, que lo haga".

Hace dos semanas, el presidente José Mujica acordó con el Congreso de Intendentes la creación del nuevo sistema tras décadas de negociación.

Ese día, todos los intendentes firmaron un acuerdo y aprobaron una declaración que estableció: "El Congreso Nacional de Intendentes aprueba en general los proyectos de creación de un sistema único de cobro de ingresos vehiculares y de subsidios para la extensión y fomento de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado público departamentales".