A degüello

El Estado policíaco avanza con botas de siete leguas. Vendrá la "bancarización", eufemismo con que se designa un sistema inductivo del gasto con tarjetas para individualizar al que paga y cotejar sus erogaciones con los ingresos que declara como base para tributar el impuesto al trabajo, disfrazado con la sigla de IRPF.

A ello se agregará la nueva exigencia de la DGI -de legalidad marrón- a colegios, universidades y clubes deportivos para que informen quiénes y cuánto pagan por educar a sus hijos o brindarles espacios para la distensión o recreo.

Si según la apreciación del que juzgue, alguien gasta más de lo que declara como ingreso, será para éste el fin de la presunción de inocencia y entrará a pesarle la de culpabilidad por irregularidades tributarias. Tendrá que probar entonces que no es rico, porque la riqueza o la vida confortable en estos tiempos son oprobiosas y suponen robar a los que no trabajan.

En fin, a quien sude su frente para pagar una educación de jóvenes con la finalidad de que tengan mayores posibilidades de desarrollo en su vida futura, en lugar de deducirle el costo del impuesto que paga por ello -es lo que correspondería para contemplar ese esfuerzo por mejorar la calidad de la enseñanza y es lo que se hace en todo el mundo- se lo mira como sospechoso de evasión o "carne" para más impuestos.

Se impone, como salta a la vista, la igualdad en bajada a toda costa en el modus vivendi de los uruguayos. No hay méritos ni virtudes a reconocer, como manda la Constitución.

Ese parece ser el grito de moda por estas fechas: ¡que vivan la envidia y la mediocridad! Y las garantías constitucionales y el derecho a la intimidad son cosa del pasado.