PABLO MELÉNDREZ
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló el cese del cirujano Gustavo Bogliaccini como jefe de la Emergencia del Hospital Maciel, registrado en 2006, al entender que la decisión se tomó sin explicar su fundamento.
En una resolución firmada el 11 de octubre de 2006, el entonces director del Hospital Maciel, Daniel Parada, cesó a Bogliaccini en el cargo de jefe de la Emergencia (que ocupaba desde 1988) y dispuso su traslado al Servicio de Cardiología.
La decisión del jerarca fue recurrida por el médico, que consideró que se trató de una sanción encubierta y en el marco de la cual no pudo ejercer su derecho de defensa.
Tanto la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como el Ministerio de Salud Pública (MSP) consideraron que el cese del médico fue legal, por ser una potestad discrecional de la administración, y por ese motivo confirmaron el relevo del cirujano.
Por eso, Bogliaccini recurrió al TCA, donde pidió la nulidad de la resolución. Y ahora, tras un extenso proceso, el organismo le dio la razón al médico y anuló el acto administrativo dictado por Parada en 2006.
El TCA, en una sentencia emitida el pasado 23 de agosto y a la cual accedió El País, concluyó que la ilegalidad del cese de Bogliaccini radica en que se "omitió expresar la razón de ser (motivación)" en la cual se sustentaba la decisión.
Bogliaccini espera que luego de que el fallo del TCA le sea notificado a ASSE y al MSP, las autoridades lo restituyan en su cargo de jefe de la Emergencia del Hospital Maciel.
El médico, que sigue trabajando en el centro asistencial pero en el Servicio de Cirugía Vascular, adelantó a El País que prevé iniciar un juicio reclamatorio contra ASSE y el MSP por el daño moral que le generó la situación y también por las diferencias salariales que no cobró desde 2006.
Para el cirujano, que en el juicio en el TCA fue representado por su hija, la abogada Eugenia Bogliaccini, la forma en que se registró su cese "muestra que la política de destrucción de la legalidad empieza a generar un fascismo progresivo y la sociedad no se da cuenta hasta que alguien recurre a la Justicia".
Tras el relevo de Bogliaccini, las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ) acusaron al MSP de "persecución sindical", ya que el médico integraba la Directiva de la gremial. Las SAQ también impulsaron una acción judicial contra la secretaría de Estado, que fue desestimada.
El hecho también tuvo repercusiones a nivel político, porque tras las denuncias de los médicos, la entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, tuvo que dar explicaciones en el Parlamento.
El argumento para relevar a Bogliaccini en 2006 fue el "ordenamiento y la reestructuración de los diversos servicios que se propone la Dirección del Hospital Maciel, en el marco de los nuevos modelos de gestión y atención impulsados por el MSP".
Pero, para el TCA, esa explicación implicó una "motivación genérica" porque, además, "se comprobó vacía de contenido en la medida que nunca se acreditó de manera acabada la concreta existencia del mentado plan de ordenamiento y reestructuración de los servicios del Hospital Maciel".
Según el fallo del TCA, "las verdaderas razones" del cese de Bogliaccini como jefe de la Emergencia del Hospital Maciel se conocieron en noviembre de 2006 (un mes después de tomada la decisión) cuando el entonces director del centro asistencial, Daniel Parada, asistió a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento.
Allí, Parada dijo que Bogliaccini fue relevado por no acatar directivas brindadas para la Emergencia, pero se decidió sancionarlo sin llevar a cabo un proceso administrativo.
"Nosotros no hicimos explícita la expresión de motivos porque tratamos de que fuera discrecional y no agresiva para el implicado", explicó Parada.
Sin embargo, para el TCA esa explicación "sucesiva o posterior" no puede aceptarse porque "una vez dictado el acto, el vicio de falta de fundamentación no puede ser saneado".
Ausencia de motivos
La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que falló a favor del médico Gustavo Bogliaccini en su reclamo contra el MSP, destaca que en Uruguay "existe la obligación de motivación del acto administrativo", y por eso "la ausencia de motivo en un acto administrativo, lo vicia irremediablemente de nulidad".