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P. MELÉNDREZ / D. ISGLEAS

La Justicia Militar concluyó que los cinco marinos no violaron al joven haitiano. Los efectivos, que fueron recluidos en forma preventiva acusados de cometer delitos castrenses, pedirán en breve su libertad. Un oficial de la Armada fue emplazado.

"De los elementos de prueba existentes y de los testimonios recabados, no surge que haya habido una violación. El juez y el fiscal están convencidos de ello", dijo a El País el presidente del Supremo Tribunal Militar, general (r) Julio Halty.

Los cinco marinos, que integraron la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), fueron procesados el domingo por el juez militar Washington Vigliola, a pedido del fiscal castrense Julio Herrera.

Los efectivos (todos marinos de primera y menores de 40 años) fueron procesados por delitos previstos en el Código Penal Militar (CPM). Desde ayer, están detenidos uno en la unidad de Fusileros Navales y los cuatro restantes en el dique de la Armada en el Cerro.

"No se encontró nada que condujera a que existió una violación", dijo Halty. El militar agregó que de haber sido así, la Justicia Militar hubiera presentado una denuncia ante la Justicia civil, porque ese hecho no está bajo su competencia.

La conclusión del juez militar en cuanto a que no existió una violación, coincide con los resultados de las primeras investigaciones de la ONU, el Ministerio de Defensa y la Armada. Pero en ningún caso se interrogó al joven de 18 años haitiano presuntamente sometido.

De todos modos, el juez penal Alejandro Guido y el fiscal Eduardo Fernández Dovat ya están tramitando causa por este hecho, en base a una denuncia que presentó el Ministerio de Defensa (ver aparte).

La decisión de la Justicia Militar no implica necesariamente que los efectivos tengan que ser dados de baja, sino que ese punto deberá ser resuelto a nivel administrativo por el Comando de la Armada.

LOS DELITOS. De los cinco procesados, a uno se le imputó "omisión en el servicio", previsto en el artículo 47 del CPM. A los restantes se los acusó por "desobediencia" (artículo 37) y a uno de ellos se le agregó el ilícito de "abandono de su puesto" (artículo 46).

La abogada de oficio de la Justicia Militar que defendió a los cinco marinos, Teresa Beltrán, dijo a El País que por la claridad del video del hecho no tiene objeciones contra la decisión del juez.

La abogada, que ostenta el rango militar de mayor, señaló que solo en el caso de uno de sus defendidos cree que pudo ser absuelto, "porque su conducta no fue delictiva y pudo considerarse como una falta".

Beltrán admitió que los marinos "desobedecieron los preceptos principales de las normativas internacionales en cuanto a tener un buen relacionamiento con los lugareños".

Agregó que las declaraciones de sus patrocinados "fueron contestes" entre sí, por lo que no fue necesario realizar careos. A su vez, destacó que los cinco marinos colaboraron con la investigación.

Beltrán dijo que en función de los interrogatorios, la idea de atacar al joven haitiano no surgió de uno de los implicados en particular, sino que fue una iniciativa colectiva.

"Son conductas humanas, varoniles generalmente, de hacer ciertas bromas, que si bien no es la calificación más adecuada, en definitiva resume la situación", señaló.

La abogada informó que su intención es pedir la excarcelación de sus patrocinados "lo antes posible", ya que los delitos que les fueron imputados así lo habilitan. Pero indicó que no podrá apelar el fallo del juez Vigliola, ya que el CPM no habilita recursos contra resoluciones de procesamiento, sino solamente contra las sentencias definitivas.

Sin embargo, Halty, presidente del Supremo Tribunal Militar, estimó que los cinco marinos permanecerán detenidos hasta tanto se conozca la sentencia, y dijo que el proceso "va a llevar un tiempo".

Según Halty, por los delitos imputados, los efectivos se exponen a penas de cuatro meses y cuatro años de reclusión.

EMPLAZADO. El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, informó ayer a El País que un teniente de navío fue emplazado y se encuentra a disposición de la Justicia Militar. "Es una persona que no tiene nada que ver con la investigación en sí, sino que es por su responsabilidad funcional", dijo.

El oficial estaba a cargo de la guardia en el apostadero naval de Port Salut -distante dos kilómetros de la base naval- cuando se produjo el hecho.

Menéndez informó ayer al presidente José Mujica sobre los procesamientos de los marinos en el marco de la reunión del Gabinete de Seguridad.

El artículo 37 del Código Penal Militar (CPM) prevé que el ilícito de "desobediencia" lo comete el militar que "menoscaba la disciplina". En este caso, se aplicó el numeral 2°, que habla de desobediencia "dejando de cumplir una orden del servicio, sin intimación personal".

El artículo 46 del CPM castiga los delitos que "afectan la vigilancia militar". Así, pena "el abandono de sus puestos, con o sin deserción o transitoriamente".

El artículo 47 pena las "omisiones en el servicio". El literal L castiga "las medidas o providencias que le estaban prohibidas, o absteniéndose de actos que le estaban mandados, o extralimitándose abiertamente, en el uso de facultades reglamentarias".

A fines de esta semana, los cinco marinos procesados por la Justicia Militar serán conducidos ante el juez penal Alejandro Guido, quien los intimará para que se designen un abogado defensor y les tomará una declaración primaria.

El juez Guido y el fiscal Eduardo Fernández Dovat tramitan la denuncia penal que presentó el Ministerio de Defensa, que pidió investigar si el accionar de los efectivos puede ser sancionado penalmente.

Consultado ayer por El País, Fernández Dovat dijo que en toda denuncia por una presunta violación "lo primero que hay que hacer es interrogar a la víctima".

Por eso, el fiscal explicó que está evaluando la posibilidad de pedir que el joven haitiano de 18 años declare a través de una videoconferencia desde su país.

El representante del Ministerio Público remarcó que el uso de ese medio tecnológico "es altamente frecuente" en otros países, incluso, para interrogar a personas que se encuentran en otros continentes.

Por otro lado, Fernández Dovat aclaró que la resolución tomada el domingo por la Justicia Militar no influye en la indagatoria penal civil, ya que se limitó a juzgar si los efectivos incurrieron en ilícitos castrenses.

Sin embargo, el fiscal advirtió que si la Justicia haitiana resolviera juzgar a los marinos, ello obligaría a suspender la investigación en Uruguay, ya que según el Código Penal, el país caribeño tendría preferencia para juzgar el hecho.

"Pero para que eso ocurra tendría que llegar a Uruguay un exhorto requiriendo a los marinos. En ese caso habría un obstáculo para que nosotros realicemos la investigación, por lo que el proceso debería ser suspendido", explicó Fernández Dovat.