Gobierno: ley de inversiones no beneficiará a proyectos mineros

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P. Melgar y E. Delgado

El gobierno anunció a la oposición que no aplicará el régimen de exoneraciones de la Ley de Inversiones a la megaminería. Además, el Poder Ejecutivo planteó que las ganancias sean destinadas a un fondo específico y no a Rentas Generales.

Ayer volvieron a reunirse por cuarta vez representantes de los partidos políticos con integrantes del gobierno, para analizar las alternativas sobre las inversiones en megaminería.

La delegación gubernamental comunicó que tiene resuelto no aplicar, para emprendimientos mineros de gran porte, la Ley de Promoción de Inversiones que contempla una serie de beneficios fiscales. Por tal motivo, Aratirí deberá pagar el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE), y no podrá exonerar el IVA de la maquinaria que importe al país.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto, fue quien comunicó la posición del gobierno de que no corresponde a la parte extractiva de la megaminería el decreto 455 de 2007, que regula la Ley de Inversiones y habilita al gobierno a otorgar exoneraciones a grandes inversiones, dijeron participantes del encuentro a El País.

Porto informó que si una empresa invierte en la industrialización del hierro, sí podría acceder a los beneficios de la citada norma. El subsecretario fundamentó la posición del Ejecutivo en que la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño.

Señaló que generalmente se aplica una exoneración cuando se considera que la ventaja para el país es mayor a la ventaja del inversionista; cuando la ganancia social es mayor a la privada -lo que incluye una importante creación de puestos de trabajos directos de indirectos- y en este caso no se daría.

En la interpelación realizada en Diputados a tres ministros sobre Aratirí, el gobierno informó que no se le dará a esta empresa una zona franca. Aratirí prevé extraer hierro de la zona de Valentines y anunció una inversión del orden de US$ 3.000 millones, cuyo ritmo se enlentenció luego que el sistema político comenzó a discutir la conveniencia de este proyecto.

Pedro Buonomo, asesor del presidente José Mujica y quien preside la comisión, dijo a El País que se dialogó sobre las distintas alternativas y diseño de la relación del Estado con los privados en la minería de gran porte. Las posibilidades son el incremento de impuestos; que la explotación sea 100% estatal; el contrato con un privado, o un régimen de economía mixta.

La oposición se manifestó proclive a aumentar los impuestos a las mineras y, si bien el gobierno no se expresó oficialmente, es afín a esto.

Buonomo dijo que se está buscando acordar una definición de minería de gran porte, lo que a su entender debe incluir a los proyectos en ese rubro de US$ 100 millones de inversión o más, con un área de explotación mayor a las 400 hectáreas.

Agregó que para la gran minería se busca tener un marco específico de aspectos tributarios y vinculados diferente al marco general de la Ley de Promoción de Inversiones y el marco tributario general. Buonomo aclaró que se pueden analizar otros mecanismos de beneficio para este tipo de minería de gran porte.

Durante el encuentro de la pasada jornada, en la comisión multipartidaria se conversó del destino de lo que se recaude por la megaminería.

FONDO. Buonomo relató que se propuso un instrumento especifico, que es crear un fondo para la utilización de los recursos que se obtengan de la explotación minera, cuyo uso específico hay que definir, pero que no será para Rentas Generales. Añadió que se presentará un diseño en ese sentido, teniendo en cuenta experiencias de otros países (ver recuadro).

"Nos quedó claro que a estos megaemprendimientos no les cabe la Ley de Inversiones, por tanto no tendrá exoneraciones impositivas. Al contrario, se abre un escenario de incrementar los gravámenes para que el gobierno se quede con una parte importante de la renta, que se estima será entre el 40% y el 50%", señaló el diputado colorado, Walter Verri.

Por su parte el diputado nacionalista Álvaro Delgado consultó a los jerarcas sobre el eventual incremento de imposiciones y deducciones impositivas por "aumento de valor", en un contexto de industrialización del resultado de la minería metálica en el país.

Tanto blancos como colorados dudan si el mecanismo de la Ley de Inversiones se podrá utilizar para emprendimientos que incluyan industrialización en el país.

De acuerdo a cálculos primarios de técnicos blancos, tras la aprobación del nuevo Código de Minería, los emprendimientos como los de Aratirí terminarán dejando un 39% de sus ganancias entre canon e impuestos. Los nacionalistas también quieren discutir el destino del dinero que se recaude por minería.

El gobierno mostró ayer cuatro alternativas para incrementar la participación del Estado en proyectos de megaminería.

Ajustes impositivos. No se aplicaría la ley de inversiones por lo que debería tributar el IRAE que sería incrementado.

Contratar empresas. El Estado se declararía propietario del hierro por lo que tercerizaría la extracción del mineral. Esto implicaría la firma de acuerdos con compañías especializadas en el negocio.

Sistema Petrobras (Brasil). El Estado también se declararía propietario del mineral con el que compraría acciones en la empresa extractiva y llevaría un porcentaje de las ganancias junto a un socio privado.

Sistema Codelco (Chile). Al igual que Petróleos Mexicanos, el Estado se haría cargo de la explotación mediante una empresa autorizada a concretar acuerdos con compañías privadas.

Diputado nacionalista

"El gobierno va virando hacia la participación 50-50 del negocio", comentó y se mostró conforme con el anuncio ya que es partidario de que el Estado se quede con la mitad de las ganancias de la megaminería. El legislador rochense estima que el país podría hacerse de US$ 900 millones al año en la medida que se incrementen los impuestos a la megaminería. Agregó que "ahora la discusión es qué hacer con ese dinero". Cardoso comentó que apunta a que con lo obtenido en el negocio se generen fondos de inversión para el desarrollo. "De esta forma el país podrá acumular una fortuna para el futuro. Yo no creo que haya que pagar la deuda externa con ese dinero. No podemos decirle a nuestros hijos que dejamos un agujero en el Uruguay para pagar la deuda de nuestros abuelos", dijo.

Ministro de Minería

Hizo hincapié en que es necesario acordar que las empresas mineras, al igual que sucede en otros países del mundo, realicen un informe económico y sobre el impacto ambiental de su emprendimiento, que sea público

y esté al alcance de la población. Además, Kreimerman dijo a El País que en la comisión planteó que con lo eventualmente recaudado por la minería de gran porte se cree un fondo específico para aplicar a actividades productivas o destinarlo a futuras generaciones. Agregó que se tomarán ejemplos internacionales para diseñar una propuesta que el gobierno presentará en la comisión dentro de dos semanas. Esta propuesta va en línea con un planteo de Mujica, de usar los intereses de lo que se recaude y el resto destinarlo a un fondo anticíclico para futuras generaciones.

La comisión multiparti-daria decidió crear un grupo específico que trabaje sobre los efectos ambientales en relación con la minería de gran porte. Este grupo se reunirá por primera vez el próximo jueves, y la comisión en encuentros plenarios tratará el resto de los temas, en especial los modelos posibles para este negocio.

El director de la Dinama, Jorge Rucks, propuso que se considerara como minería de gran porte a los proyectos que tengan 400 hectáreas o más afectadas, lo que incluiría a la extracción de oro.

El jerarca señaló que en Uruguay, esa medida de 400 hectáreas incorpora a los emprendimientos que pueden generar conflictos ambientales.

Los blancos siguen sin asumir una posición común frente al tema. Sin embargo, el directorio mandató a sus delegados a consultar directamente sobre la ley de ordenamiento territorial, definición de megaminería y el impacto acumulado en caso que se sumen varios emprendimientos mineros.

"Antes que las definiciones de negocios, vamos a insistir en las directrices de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible minero", afirmó el diputado nacionalista Álvaro Delgado.

El próximo jueves 15 se reunirá la comisión que trabaja los asuntos medioambientales que implica la megaminería y en particular el proyecto de Aratirí.