Jugando al pelotazo

GUSTAVO PENADÉS

El gobierno anunció que este año serán designados los Coordinadores Regionales. Como se recordará, se trata de seis cargos de confianza creados en la órbita de la Presidencia de la República a efectos de coordinar y articular las políticas públicas en el interior del País. Complementando esa idea, plasmada el año pasado en la Ley de Presupuesto, se lanza ahora la iniciativa de conformar una nueva organización política territorial en base a seis regiones.

En ambos casos los argumentos que fundamentan las iniciativas son similares. El FA sostiene la necesidad de coordinar las políticas y los servicios a cargo de las diferentes unidades estatales. Se dice que es necesario agilitar y hacer más efectiva la acción del Estado en el territorio.

Tan importante se demuestra esa necesidad de coordinar, que varios ministerios crearon ya la figura del coordinador para dirigir sus políticas en cada uno de los departamentos. Al paso en que vamos probablemente tendremos 18 o 19 minigabinetes. En cada departamento nos encontraremos con un coordinador de Salud Pública, otro de Transporte, Mides etc, todo lo que va a terminar conformando un complejísimo entramado político burocrático con cientos de funcionarios.

Si una estructura de tales características se vería razonable en países como Brasil o China, no lo es para Uruguay, que no presenta dificultades de comunicación y en el que los puntos más extremos de su territorio se encuentran a pocas horas de distancia.

En realidad, esa complicada madeja burocrática no es más que la demostración de voluntarismo y de la incapacidad para gestionar adecuadamente el aparato estatal.

En efecto, la práctica del FA es la de optar, ante un nuevo objetivo o un problema, por la vía de generar nuevas estructuras funcionales, en lugar de buscar la adaptación y el perfeccionamiento de las existentes Y, por qué no, de paso, se aprovecha para reforzar el aparato político aumentando los cargos de confianza.

Los ejemplos sobran, pero hay cosas que suceden, por ejemplo, en los hospitales públicos de Montevideo que son paradigmáticas. Los problemas se repiten año tras año a pesar de que el presupuesto, el número de funcionarios y los cargos de dirección y las unidades de coordinación continuamente van aumentando.

El precio de esa incapacidad lo terminamos pagando, de una u otra manera, todos los uruguayos, tanto porque la carga de impuestos no disminuye como porque el resultado de los servicios públicos es absolutamente deficiente.

Nuestro país vive, por suerte, un tiempo de prosperidad sin igual. La conducta seria y prudente que debería adoptar el Estado sería la de cuidar mucho sus gastos para no desperdiciar la prosperidad y poder reducir impuestos, pero actuando con decisión para proveer de servicios de primer nivel a la población, preparando de la mejor manera al país para potenciar la bonanza y precaverse para los malos tiempos. Nada de eso se está haciendo.