PILAR BESADA
Tras el crecimiento de la inversión en educación, la crisis edilicia ya no se explica por la falta de fondos. El problema responde más bien a un "caos de gestión", una excesiva centralización de las decisiones y límites difusos de la responsabilidad.
El hecho de que entre 2005 y 2011 se hayan triplicado los fondos para inversiones en la educación -pasando de $ 775 millones a $ 2.393 millones- echa por la borda la teoría de que los problemas edilicios responden a la falta de presupuesto. A pesar de este aumento, los problemas de infraestructura en la enseñanza pública tienen el mismo cariz de siempre: demoras interminables para actuar, soluciones a medias y falta de mantenimiento.
Actualmente, según el Codicen, hay 30 liceos y 100 escuelas en situación de urgencia edilicia, pero las soluciones no llegan con la premura del caso.
El consejero del Codicen, Néstor Pereira, reconoció que existe un "caos de gestión" en el organismo para procesar los temas edilicios.
Cuando se detecta un problema de infraestructura en un centro educativo, el consejo respectivo eleva un expediente al Codicen planteando la situación. "En muchos casos no aparece una respuesta inmediata, y eso genera un nuevo expediente y un gran caos de gestión, porque para el mismo centro hay tres o cuatro expedientes, lo cual lleva a que se actúe desde distintos lugares y el dinero no se ejecute adecuadamente", comentó Pereira.
Para un exjerarca de la ANEP, el problema edilicio en la educación pública es "endémico" y se puede rastrear hasta la época de Pivel Devoto, que dirigió el Codicen entre 1985 y 1990. En ese entonces, se eliminaron las direcciones de infraestructura de los diferentes consejos y se centralizó toda la actividad en el Codicen.
Actualmente, los consejos cuentan con direcciones de arquitectura con no más de cuatro arquitectos. Estas direcciones pueden atender las obras que no superan los $ 200.000; para montos mayores deben elevar un expediente al Codicen. "Y ahí viene el problema, porque el caso puede estar años sin resolución", comentó el exjerarca.
Meses atrás el Codicen relevó a la directora de Infraestructura, con quien estaba disconforme por su "falta de agilidad" y de "flexibilidad" para afrontar algunos casos puntuales. Sin embargo, fuentes del Codicen relativizaron que este relevo de la directora se haya producido por problemas de gestión, y señalaron que fue principalmente una "señal política" a la opinión pública.
En tanto, esta semana El Observador informó que el Codicen sancionó a 10 funcionarios del área Infraestructura por no haber atendido a tiempo situaciones de urgencia. De todos modos, fuentes del Codicen afirmaron que aún no se inició ningún sumario a funcionarios del organismo.
Responsables. Según un ex- jerarca de ANEP, la forma de gestión actual "no deja en claro quién es el responsable de las obras en la ANEP. Una escuela puede pasar un año sin luz y no se sabe si el responsable es el Codicen o el Consejo de Primaria, todos se pasan la pelota", manifestó. Opinó además que las responsabilidades "no están bien delimitadas" y los problemas se producen "por la falta de visualización de quién es responsable".
Además de la duplicación de las funciones en los consejos y el Codicen, están los programas de organismos internacionales (el Paemfe en Secundaria y UTU y Paepu en Primaria) que también realizan actividades de construcción y reparación.
El ex secretario general del Codicen durante el período de Germán Rama, Robert Silva, comentó que siempre existió "un cierto celo profesional entre los arquitectos del Codicen y los de los proyectos internacionales", porque los últimos "tienen más recursos, ganan más dinero y por eso en definitiva sus resultados son mejores".
Silva señaló que existe además un problema con el cuidado de los centros educativos. "He ido a locales nuevos que ya tienen graves problemas de destrucción", indicó.
Otro exjerarca de ANEP coincidió en que principalmente en los liceos de la periferia de contexto desfavorable, "los locales se deterioran rápidamente por la forma de utilización de los jóvenes". Sin embargo, afirmó que "eso es normal en todas partes del mundo" y que en el exterior, e incluso en liceos privados de Uruguay, "las reparaciones se hacen inmediatamente". Algo que en Secundaria no sucede.
Este año, el Codicen elaboró un protocolo de obras de mantenimiento para directores de los centros educativos, para que detecten problemas en la edificación y puedan realizar las reparaciones directamente, cuando no superen los $ 50.000.
El caso de Playa Pascual
SAN JOSÉ | JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
La situación del liceo de Playa Pascual, en el departamento de San José, es un caso claro de la incapacidad de las autoridades de dar respuestas al explosivo crecimiento de la población estudiantil. Hace al menos dos años que el liceo funciona en forma precaria, lo que desencadena situaciones conflictivas graves.
El liceo de Playa Pascual fue inaugurado en el año 2000, con una población estudiantil de 180 alumnos. Hoy tiene 800 estudiantes y las aulas prefabricadas que a principios de los cursos de 2010 fueron trasladadas como solución provisoria, aún no han sido retiradas.
Incluso, la gremial de profesores del lugar está a punto de recurrir a la vía jurídica argumentando que de la misma manera que las construcciones prefabricadas ("las latas") no son aptas para albergar reclusos ni menores infractores, tampoco lo son para dictar clases.
En marzo del 2010, el reclamo llegó a la ocupación del liceo y a marchas apoyadas por los padres, que solicitaban el acondicionamiento térmico (aislamiento y calefacción) en las aulas prefabricadas, la construcción de un alero que uniera esas instalaciones con el resto del edificio y la colocación de pisos nuevos. Los reclamos se realizaban desde el año anterior, pero al comienzo de los cursos la situación estaba igual.
También pedían el compromiso de Secundaria para confirmar un llamado a licitación para la ampliación del local y la refacción de la rampa para discapacitados.
A 18 meses de aquel pedido, ese llamado a licitación para ampliación del local no se ha concretado. Los profesores anunciaron hace pocas horas que en marzo de 2012 no comenzarán las clases si no se concreta la licitación.
Esta semana, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) firmaron un fideicomiso que supone la realización de nuevas obras, disponiendo de $ 360 millones para este año destinados a ocho centros de todo el país.
El primer local que se menciona en el acuerdo es el Liceo de Playa Pascual.
Planes para el período
1.Una salida al problema
En la ley de presupuesto se determinó que en lugar de la ANEP será la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) la que realice las obras para la educación pública. La intención del gobierno es evitar las demoras y la falta de respuesta de la ANEP.
2.Demoras en concretar
Si bien el Fondo de Infraestructura estaba disponible desde enero, la firma del acuerdo entre la ANEP y la CND se concretó recién esta semana. El Fondo asciende a $ 2.444 millones en el período 2011-2014.
3.Atención a la emergencia
Además de un grupo de 14 centros educativos donde comenzarán las obras inmediatamente, el Codicen comunicó que realizará un "plan de atención a la emergencia edilicia", que en menos de 90 días realizará un diagnóstico de los casos más críticos y realizará obras para empezar el 2012 en mejores condiciones.
4.Objetivos del período
Para los próximos cuatro años la ANEP pretende crear 138 nuevas escuelas de tiempo completo, más de 50 edificios para educación media (entre Secundaria y UTU) y cerca de 20 jardines de infantes, además de las inversiones en reparaciones y ampliaciones de locales.