Empresas y controles

Ancsol S.A. SAFI; (100%) Petroleradelconosur (46,09%); Carboclor (74,26%); ALUR S.A. (90%) Agroalur (100%). Este aparente trabalenguas responde a los nombres de ciertas sociedades anónimas, desprendidas de Ancap, aunque se trata de solo algunas de las tantas que como otras derivadas, por ejemplo, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, como CVU S.A. (100%), Agolan S.A. (100%) o de Antel, TIC S.A. (100%) o del LATA, LATA sistemas Costa Rica S.A., LATA sistemas México (100%), han ido engrosando la nómina de empresas que siendo total o parcialmente del Estado, no se rigen bajo su normativa. Una lista completa sería muy larga, ya que en la actualidad hay 45 de esta clase y a éstas deben agregarse otras 36 que figuran como Personas Públicas No Estatales y por lo tanto, a pesar de que manejan cientos de millones de dólares, escapan a los controles del Estado.

Además, sus jerarcas no están obligados a hacer declaraciones juradas, el Tribunal de Cuentas ni la Auditoría Interna de la Nación intervienen para fiscalizar gastos o ver cómo se hacen las cosas. Y si no fueran bien, los directivos que representan al Estado, al contrario de lo que les ocurre a los privados, no corren los peligros que entraña el arriesgar capital o endeudarse para llevar adelante un emprendimiento. Es como "el sueño del pibe" dijera alguno: jugar a empresario y con la remota posibilidad de perder el empleo, como único riesgo. Y a veces ni siquiera, (INAC) porque si bien los sueldos se fijan con autonomía, sus empleados gozan del privilegio de ser inamovibles.

La explicación para el surgimiento de este Estado paralelo hay que buscarla en la falta de agilidad que caracteriza al Estado madre, por lo que poco a poco, se comenzaron a abrir puertas para escapar al fárrago de expedientes y lentitud en la toma de decisiones que atentan contra la eficacia y la competitividad. Pero durante los siete años del gobierno del Frente llama la atención como ha aumentado su número y ese modus operandi ha ido en tal crecimiento que se han levantado con buenas razones, voces de advertencia.

Así como es lógico pretender que las 81 empresas mencionadas tengan que rendir cuentas y estar sujetas al control del Tribunal de Cuentas como el resto del Estado, de acuerdo a la competencia que le da la Constitución, también es urgente aggiornarlo. Para que no sea una rémora que demasiado a menudo conspira contra la actividad que supervisa, más allá de que le competa una importante labor de contralor, Así como a su vez es un mayúsculo absurdo que sus dictámenes vayan a parar, como ocurre actualmente, a los estantes de algún depósito en el Parlamento. De continuar así, solo estaríamos engrosando esas pilas con los informes de las nuevas empresas incorporadas a su radio de acción.

Hoy por hoy, el cometido del Tribunal está completamente desvirtuado. Todo el trabajo sobre la observación de los gastos y los pagos, elaborado por sus funcionarios, que inclusive están en cada Intendencia y organismo, queda muerto por el mecanismo de la reiteración. En el artículo 211 se establece que "si el ordenador (de gastos) insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto. Si el Tribunal de Cuentas mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos".

Esa expresión "a sus efectos" tiene un significado vago que se presta a que nada pase. Necesita ser precisado, debe exigirse responsabilidad política y personal de forma clara. Porque si bien Uruguay intentó por medio de una serie encadenada de trámites, ajustar la Administración a criterios legales y en buena medida lo ha conseguido, continuar como hasta ahora es una burla a la labor y a la existencia misma del T.C.R. Entonces, que cumpla su función pero de una manera más moderna, que no entorpezca en exceso el funcionamiento dentro del Estado o que desaparezca. De continuar igual, de poco servirá como contralor de las otras empresas estatales.