Abogados defensores dicen que pedido fiscal es sin fundamentos

Oposición. Actitud "camisetera" en el FA por críticas a actuación judicial

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Los abogados de Arana y Muñoz cuestionaron los argumentos incluidos en el pedido de procesamiento del fiscal Pérez. La oposición reclama al Frente Amplio que respete el accionar del sistema judicial

Daoíz Uriarte, vicepresidente de OSE y abogado de Mariano Arana, dijo que contestará "todas y cada una de las supuestas acusaciones que realiza el dictamen" del fiscal Diego Pérez.

Para Uriarte, la solicitud de procesamiento "tiene gravísimas violaciones a los principios de derecho penal y a los derechos humanos", porque "trata de imponer una responsabilidad objetiva donde no la hay".

"Cuando se dice que Arana y Marita (Muñoz) son responsables de un delito de fraude porque no controlaron o facilitaron con su omisión la posibilidad que Bengoa hiciera las maniobras, es adjudicar una responsabilidad objetiva que no existe", expresó a El País.

Uriarte dijo que la responsabilidad objetiva en derecho penal "solo existe en delitos previstos como el daño, pero no en el fraude, que nadie puede cometer por negligencia".

"Del dictamen no dice ni surge que Arana se haya reunido con Bengoa para cometer esto, tampoco lo afirma ninguno de los testigos" y si ello hubiera ocurrido "sería una asociación para delinquir, lo que el fiscal no afirma ni menciona", agregó.

Uriarte adelantó que se tomará tiempo para analizar su estrategia y verá si pide pruebas adicionales, aunque "lo esencial es la argumentación en contrario, porque acá hay un error, una falacia en la forma que se ejecuta el silogismo, en que se razona", concluyó.

En tanto, Cecilia Salom, abogada de Muñoz, opinó que "el pedido de procesamiento no tiene ningún fundamento ni fáctico ni jurídico".

Muñoz "siempre fue citada a declarar como testigo, nunca tuvo la calidad de indagada porque de lo contrario se le debería haber intimado la designación de defensa, cosa que nunca ocurrió, y por eso nunca tuvimos acceso a todo el expediente, porque los testigos no tiene acceso a las investigaciones en etapa de presumario ni sumario", agregó.

Salom dijo que ella la acompañó en los careos "por un sano criterio de la sede que preserva la situación en todos los sentidos". Recordó que en su momento plantearon que el fiscal aclarara en qué situación citaba a Muñoz. "Se está manejando con pruebas que tuvo desde el inicio, antes de procesar. Francamente me parece que esto no puede prosperar", declaró a El País.

"CAMISETERO". Desde la oposición se pidió respeto hacia el pronunciamiento judicial y se hizo ver que la fiscalía actuó de la forma como lo hizo en base a un estudio exhaustivo de las pruebas solicitadas.

El senador de Propuesta Batllista (Proba) José Amorín, declaró su sorpresa por la reacción de legisladores de sectores frenteamplistas criticando el pronunciamiento del fiscal, como Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista y Carlos Gamou de la CAP-L.

"Me llama la atención que legisladores del Frente Amplio (FA) critiquen al fiscal cuando antes, en el caso de los procesamientos de personalidades de otros partidos políticos, ellos decían que el fiscal había actuado bien", comentó Amorín. "Ahora cuando se pide el procesamiento de alguien del FA ¿el fiscal actúa mal?. Eso no es así. Hay que respetar a la Justicia. Si se la ataca porque se procesa a alguien de su partido, se está siendo poco objetivo", advirtió.

"Aunque estemos de acuerdo o no, la Justicia tiene que actuar como actuó siempre. La actitud del senador Rubio es negativa, camisetera", subrayó el senador colorado.

Amorín dijo a El País que "Arana es una buena persona. No sé si acá hay delitos o no, pero el fiscal hace años que está estudiando el caso. Si la jueza los procesa es porque hay indicios de algo. Eso no quita que yo no crea que en el caso de Arana, mi impresión es que no se llevó nada para su bolsillo".

En tanto, el senador nacionalista Jorge Saravia guardó cautela diciendo que es un tema de la Justicia y que los parlamentarios "no debemos opinar", ya que "el fiscal es el único que conoce el expediente y quien lo ha estudiado desde hace muchos años".

El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional), que fue uno de los impulsores de la investigación sobre las actividades en los casinos municipales, admitió haber esperado "con paciencia" durante más de tres años el pedido del fiscal.

"Conozco bastante a fondo buena parte de las imputaciones y los documentos que existen. El fiscal, que es el tercero de la causa, pidió que se formara pieza aparte con las responsabilidades de los superiores de Bengoa. Tres años y ocho meses después se llega a este pedido fiscal. No van a ser tipificados como jefes del que cometió los delitos sino por hechos propios", dijo.

Según Gandini, hay "clara responsabilidad" de los exjerarcas. "No pueden decir que no sabían nada porque cada año los casinos municipales perdían entre US$ 2 millones y US$ 3 millones y ellos volvían a insistir con el arrendamiento y con los mecanismos de adjudicar porcentajes", acotó.

Mientras tanto, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que "hay que ser cauto y esperar el fallo del juez porque lo que se conoce hasta ahora es un pedido del fiscal". Mieres declaró que "esta situación afecta la imagen de la política, en particular del FA", lo que "abona esa línea de cuestionamiento a los políticos. En lo personal me siento afectado como político". Añadió que el pedido de procesamiento demuestra que se debe "cambiar el Código del Proceso Penal", ya que "no puede ser que un caso de estos demore años, insuma procesos eternos, postergaciones de careos, situaciones inadmisibles".

"No negocié con las empresas"

E.B.

-¿Cómo recibió el pedido de procesamiento efectuado por el fiscal Diego Pérez, quien consideró que hubo irregularidades durante su gestión al frente de la IMM?

-Casi lo conocí por la prensa. No conozco el expediente. No voy a negar que me generó sorpresa. También lo tomo con mucha serenidad.

-¿Usted sabía cómo se realizaban los contratos con empresas que arrendaban maquinitas a la Intendencia?

-De ninguna manera. Nunca estuve en las contrataciones y nunca estuve en las negociaciones. No negocié con empresas. Ni en este ámbito ni en ningún otro donde aparecían empresas. Siempre me pareció que convenía que esas tratativas fueran llevadas por los directores del área que correspondía.

-Pero usted firmaba las resoluciones. ¿Estaba al tanto de esas negociaciones?

-Las resoluciones durante mi gestión en la IMM nunca se toman a nivel individual. Siempre a nivel colectivo en los acuerdos semanales de la Intendencia que se hacían todos los lunes. En ellos participaban todos los directores y estaban abiertas las puertas para la integración de concejales y eventualmente, si lo entendían oportuno, representantes de los trabajadores municipales. Si alguna duda cabía en algún aspecto, nosotros o cualquier director postergábamos el tratamiento de algún punto si era necesario tener un mayor estudio o análisis. Si cabía se traía nuevamente al acuerdo semanal y eso se votaba y se resolvía a nivel colectivo.

-Bengoa decía que usted y María Julia Muñoz firmaron resoluciones de Casinos sobre negocios que beneficiaban a empresas en detrimento de la IMM antes de que él arribara a la comuna. ¿Es así?

-Cada uno debe hacerse cargo de sus responsabilidades y apreciaciones. Yo me hago cargo de las mías. No voy a hacer consideraciones sobre opiniones ajenas. Eso está en manos de la Justicia. Confío en la Justicia que tendrá buen cuidado en leer el pedido del fiscal.

-Entonces usted afirma que en su gestión no ha habido irregularidades de ningún tipo.

-Errores sí porqué no, nadie es perfecto. Pero no irregularidades. En 78 años de vida nunca jamás hice abuso de funciones de ninguna naturaleza. Ni a nivel privado ni público. Mucho menos para beneficiarme con dineros ajenos. Sin que lo pidieran, cuando se inició todo esto, entregamos a la Justicia las declaraciones juradas de nuestros bienes. Cuando no existía la ley que obligaba la presentación de declaraciones juradas de todas las personas que ocupamos cargos públicos, nos autoimpusimos esa obligación dentro de la IMM. Eso es síntoma suficiente de la transparencia con que actué.

-¿Cree que hay un móvil político para perjudicarlo?

-No sé. No suelo atribuir intencionalidades a nadie. La verdad que me extrañó. Tomo estas cosas con la misma serenidad que seguramente las enfrentan la doctora (María Julia) Muñoz y Alberto Rosselli, sabiendo de la manera que nos hemos conducido en los 10 años que nos tocó estar integrando el equipo de gobierno de Montevideo.

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