Trabajo y formación

La represión de la delincuencia es una herramienta incompleta. La mejor prueba de ello es el desencuentro que se produce entre la policía que atrapa al infractor y la magistratura que lo libera a las pocas horas, con lo cual el sistema gira indefinidamente en un círculo cerrado, cuya consecuencia es el clima de inseguridad que altera la vida diaria de los uruguayos. Pero aún cuando los infractores son procesados con prisión, la insuficiencia del mecanismo represivo queda demostrada en el empinado índice de reincidencia registrado luego de que los delincuentes cumplieron su condena.

Ese cuadro es todavía más agudo cuando se trata de menores cuyas recaídas en una conducta ilegal y una práctica de la violencia se producen regularmente, una vez que han estado internados en establecimientos del INAU. Porque de ellos suelen emerger una actitud contumaz después de una liberación formal o de una fuga. Lo que se impone entonces es la instrumentación de medidas capaces de complementar la reclusión, con el propósito de recuperar al infractor y no sólo de encerrarlo. En la cabeza de cualquier observador -y no únicamente de las autoridades- está desde hace tiempo la idea de que el recluso debe ser reeducado, tarea difícilmente viable en las penosas condiciones actuales de las cárceles uruguayas y de los institutos para la internación de menores, de los cuales un recluso sale más contaminado y seguramente más vulnerable que al ingresar. Ese es el dramático proceso que debería revertirse.

Pero en ese terreno se han producido novedades. La semana pasada, seis adolescentes que se encuentran en hogares del INAU comenzaron a trabajar como albañiles en una empresa metalúrgica privada que se ocupa de construir viviendas prefabricadas. Se sumaron así a otro grupo de seis que ya cumplían tareas en esa firma gracias a un convenio con el Instituto de la Niñez y la Adolescencia. Lo que se persigue es una doble finalidad: dar a esos jóvenes una formación laboral y un acceso al trabajo remunerado. A ese programa se añaden otros planes complementarios, como el de los veinte maestros que concurren a la Colonia Berro para que los menores puedan completar el ciclo escolar.

Al respecto conviene ser más cauteloso que optimista, considerando el ambiente familiar y el entorno social en que han crecido y viven muchos infractores, pero eso no impide estimar el esfuerzo emprendido para intentar la recuperación adolescente, que por el momento incluye contactos con otras empresas privadas (supermercados, transporte colectivo) y hasta una oferta de la Armada Nacional para incorporar cuarenta jóvenes con antecedentes delictivos en cursos de mecánica, de modo de capacitarlos y luego permitirles acceder a un empleo.

Es evidente que todos esos instrumentos reeducadores eran impostergables ante la perspectiva actual del delito juvenil y el papel que en esa materia juegan los menores y adolescentes, una tendencia impulsada por el gran número de los que no estudian ni trabajan, por el múltiple desvalimiento del medio que los rodea y por el factor desencadenante de la droga, que no es fácil combatir ni neutralizar. Tampoco será fácil corregir el rumbo de esas vidas, condicionadas por una tupida red de carencias, aunque todo eso no quiere decir que el combate por la rehabilitación pierda importancia o esté destinado al fracaso. Quiere decir en cambio que también deberá emprenderse un rescate de sectores marginales que son una matriz de los comportamientos violentos, como gran tarea sanitaria sin la cual será improbable la recuperación de los adolescentes que comparten ese marco ambiental.

La sociedad entera se juega su futuro en dicho empeño remolcador de largo alcance, que exigirá (a nivel oficial y privado) grandes dosis de convicción, tenacidad, destreza profesional, recursos económicos, voluntad política, paciencia y continuidad, para que la rehabilitación juvenil -que es una lucha contra la ignorancia y el abatimiento moral- pueda ganar algún día esta guerra decisiva y silenciosa.